18 años atrás, bolivianos fueron engañados para trabajar en Rusia y terminaron en condiciones de explotación
El escándalo conocido como Cidenbol marcó la vida de más de 250 bolivianos entre marzo y agosto de 2008, quienes fueron reclutados en Cochabamba por una organización compuesta por ciudadanos locales y rusos. Atraídos por salarios de entre $us 2.000 y $us 2.500 al mes, muchos de estos trabajadores, principalmente albañiles, se endeudaron o vendieron propiedades para cubrir los costos de viaje y trámites que oscilaban entre $us 5.000 y $us 7.500.
Una vez en Rusia, particularmente en la ciudad de Rostov, las promesas laborales se desvanecieron. Los documentos de los trabajadores fueron confiscados y se les obligó a firmar contratos en ruso. Los salarios se redujeron drásticamente a aproximadamente $us 380 o $us 400, de los cuales se descontaban gastos de comida y alojamiento. La realidad fue un entorno laboral hostil, con largas jornadas de 14 a 15 horas, falta de equipo de protección y condiciones de vida inhumanas.
Los testimonios de los retornados pintan un panorama desolador: algunos describieron las viviendas como galpones o incluso cárceles, y la alimentación se limitaba a granos, pan y agua. Boris Bellido, ex responsable de Trata y Tráfico de Personas, recordó la explotación que sufrían en distintas industrias sin ninguna medida de seguridad.
El regreso a Bolivia fue complicado y gradual. Un grupo de 25 trabajadores logró regresar en septiembre de 2008, mientras que muchos más quedaron varados en San Paulo o sin recursos para volver a casa. Se estima que más de 350 bolivianos fueron afectados, incluyendo aquellos que habían pagado por viajar pero no lograron salir del país antes de que se revelara el fraude.
El proceso judicial culminó en febrero de 2011, cuando se condenó a los hermanos Richard y René Canelas Guzmán a 13 años y seis meses de prisión por estafa y tráfico de migrantes. Sin embargo, el delito de trata de personas no fue considerado debido a la falta de pruebas.
Casi dos décadas después, el fenómeno de la explotación laboral vuelve a surgir con nuevas investigaciones por presunta trata de personas en Santa Cruz, donde se han registrado al menos 31 víctimas. Además, informes sobre el presunto fallecimiento de dos jóvenes en el frente de batalla han generado preocupación, aunque la Cancillería no ha confirmado oficialmente estas muertes. Por su parte, la Embajada de Rusia ha negado cualquier participación en el reclutamiento de estos trabajadores.