Acuerdo histórico por el Pacto Fiscal en Sucre
Gobierno y gobernadores se unen para reformar el régimen autonómico y mejorar la distribución de recursos en el país.
Este miércoles, en Sucre, se firmó el Acuerdo N° 001/2026 entre el Gobierno nacional y los nueve gobernadores de Bolivia, dando inicio a la Agenda 50/50. Este acuerdo busca realizar reformas estructurales en el régimen autonómico, centrándose en una mayor autonomía tributaria y en la reestructuración de la distribución de recursos.
El documento reconoce que, tras más de 17 años de implementación del modelo autonómico, aún quedan competencias y recursos por transferir. Para abordar esta situación, se propone un proceso de "co-construcción" que involucra al Gobierno central, las gobernaciones, el sector privado y la sociedad civil, con el fin de equilibrar la distribución de competencias y recursos públicos.
Entre las principales iniciativas, se contempla la evaluación de mecanismos que permitan a los departamentos ampliar su autonomía tributaria. Esto incluye la posibilidad de establecer nuevos impuestos de acuerdo con lo que dicta la Constitución, aplicar sobretasas y fortalecer los ingresos propios de cada gobernación. Se fijó un plazo de 90 días para presentar un proyecto que modifique la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos.
Otro aspecto relevante del acuerdo es la revisión de las normativas que limitan el gasto de las gobernaciones. Esto busca otorgarles mayor libertad para decidir sobre el uso de sus recursos, eliminando así la necesidad de autorizaciones previas del nivel central y sustituyéndolas por mecanismos de información y control fiscal.
Se establecerá una mesa técnica para revisar el sistema de competencias y las transferencias intergubernamentales. Esta mesa se encargará de elaborar una propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, que se espera presentar en la actual gestión legislativa para su implementación en la gestión fiscal 2027.
La Agenda 50/50 también propone analizar nuevos criterios para la distribución de ingresos fiscales entre los departamentos, fomentar el régimen autonómico mediante reformas legales, potenciar alianzas público-privadas, y crear fondos de compensación. Además, se contemplará la transferencia de instituciones públicas a la administración departamental en casos viables.
Ante la crítica situación económica de las gobernaciones, se acordó establecer un cronograma de trabajo para analizar medidas de alivio financiero, que incluirán reprogramaciones o diferimientos de deudas y otras acciones que mejoren la sostenibilidad fiscal de los gobiernos departamentales.
Asimismo, se prevé que este proceso de negociación se repita con los municipios, las autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco, con el objetivo de consolidar un Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías. Los acuerdos logrados podrán derivar en proyectos de ley, decretos supremos, convenios intergubernativos y otras reformas administrativas necesarias para hacer realidad la Agenda 50/50.