Agenda 50/50: Gobierno y Gobernadores en Busca de Más Autonomía Fiscal
Este miércoles, en Sucre, se firmó el Acuerdo 001/2026, marcando el inicio de la Agenda 50/50, que propone cambios en la distribución de recursos y la autonomía fiscal de las gobernaciones.
El Gobierno nacional, junto a los nueve gobernadores de Bolivia, firmó el Acuerdo 001/2026 en la ciudad de Sucre, dando inicio a la Agenda 50/50. Este documento establece una serie de reformas que tienen como objetivo fortalecer las autonomías departamentales, abarcando aspectos como la distribución de recursos y la gestión fiscal.
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es la creación de una mesa técnica que se encargará de redactar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Se busca alcanzar un consenso durante la actual gestión legislativa para que el nuevo esquema pueda aplicarse a partir del año fiscal 2027.
Además, el acuerdo propone evaluar nuevas formas de ampliar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto incluye la posibilidad de reclasificar ciertas bases imponibles administradas por el Gobierno central, así como la creación de nuevos tributos y ajustes a la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos. Se estipuló un plazo máximo de 90 días para la elaboración de este proyecto.
En términos de presupuesto, se acordó revisar las normativas que limitan el uso del gasto departamental, con miras a eliminar gradualmente aquellas que financian obligaciones del nivel central o de entidades que ya no existen. También se pretende dar más poder a las gobernaciones para definir sus presupuestos, manteniendo el control fiscal por parte del Gobierno nacional.
Asimismo, el documento contempla una revisión de las normativas que han restringido las competencias de los gobiernos departamentales, y sugiere ajustes en las transferencias fiscales basándose en criterios de sostenibilidad y equidad territorial.
La Agenda 50/50 también incluye planes para fomentar alianzas entre el sector público y privado, modificar la Ley 699 para mejorar la relación internacional de las gobernaciones y analizar la creación de fondos de compensación. También se buscará transferir gradualmente instituciones públicas a la administración departamental y aplicar medidas financieras que alivien las cargas económicas.
Para llevar a cabo estos compromisos, el Gobierno nacional brindará apoyo técnico a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones también contribuirán con insumos para construir propuestas consensuadas. Adicionalmente, se realizarán encuentros con municipios y autonomías indígenas, con el fin de incluir estos acuerdos en el futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.