Economista alerta sobre posibles riesgos de la nueva Ley de Inversiones en Bolivia

Martín Moreira, un destacado economista de la Red Boliviana de Economía Política, ha criticado el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, esta propuesta podría tener efectos negativos debido a sus mecanismos de estabilidad jurídica, incentivos fiscales y la opción de arbitraje internacional.

El especialista destacó la importancia de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras para impulsar el crecimiento económico, crear empleos, introducir tecnología y enfrentar la falta de divisas. Sin embargo, enfatizó que estas inversiones deben estar acompañadas de responsabilidades claras y asegurar que una parte significativa de los beneficios permanezca en el país.

Moreira explicó que el proyecto consiste en 103 artículos que podrían otorgar garantías generales a los inversionistas antes de establecer nuevas regulaciones para sectores clave como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Esta secuencia, advirtió, podría disminuir la capacidad de negociación del Estado en áreas que son consideradas estratégicas.

Además, el economista mostró su preocupación por la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional, argumentando que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la capacidad del Estado para adaptar políticas fiscales, ambientales o regulatorias según las necesidades que vayan surgiendo.

En cuanto a los incentivos fiscales, Moreira sugirió que es crucial analizar cuánto podría dejar de recaudar el Estado y qué beneficios tangibles se recibirían a cambio, especialmente en términos de empleo, transferencia de tecnología, exportaciones y desarrollo productivo.

Finalmente, concluyó que la Ley de Inversiones debería enfocarse en proyectos que promuevan el empleo formal, la tecnología, la participación de proveedores nacionales y la creación de valor agregado, al mismo tiempo que garantice la protección de los recursos naturales y evite que la atracción de capital conduzca a una rápida transferencia de activos públicos.