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Economía

Omar Rilver Velasco cuestiona el nuevo proyecto de Ley de Inversiones

El analista presentó seis críticas al reciente proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno, señalando contradicciones y falta de claridad en varios aspectos clave.

Mónica Arancibia · 13 Ago 2026 · 2 min de lectura

Omar Rilver Velasco Portillo, analista, ha manifestado su preocupación por el nuevo proyecto de Ley de Inversiones que está promoviendo el Gobierno, destacando seis aspectos que generan contradicciones y ambigüedades en el alcance de esta normativa.

Uno de los puntos más controversiales que mencionó es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), junto con el plazo de 120 días que se establece para la elaboración del Plan de Inversiones. Velasco cuestiona qué funciones realmente podrá desempeñar la ANI durante ese tiempo.

Además, el analista critica los incentivos que se ofrecen a las empresas transnacionales, indicando que el proyecto no proporciona obligaciones mínimas en áreas cruciales como la inversión, la creación de empleo, la transferencia de tecnología o el retorno de divisas al país.

Las exenciones tributarias también fueron objeto de su análisis. Velasco se mostró preocupado por los beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como los créditos tributarios que se otorgan sobre el IUE. Según su opinión, estas medidas podrían llevar a una disminución de los ingresos fiscales sin contar con mecanismos definidos para compensar dicha reducción.

Otro aspecto que resaltó es la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan transferir utilidades y dividendos al exterior sin ninguna regulación clara que exija el reinvestimiento de una parte de estas ganancias en Bolivia o garantías que aseguren el retorno de dólares por exportaciones.

Finalmente, Velasco abordó el rol de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión, sugiriendo que el proyecto permitiría al Ejecutivo ratificar contratos negociados sin considerar las atribuciones constitucionales del Legislativo. Además, criticó la posibilidad de que el Gobierno financie programas de crédito y garantías para el sector privado utilizando recursos públicos, en un contexto de déficit fiscal que enfrenta el país.