TSE propone reforma electoral crucial y enfrenta dudas sobre su legitimidad
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) busca implementar cambios fundamentales en la normativa electoral, pero su propia legitimidad está en entredicho tras la llegada de su actual presidente, Gustavo Ávila.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está trabajando en una reforma integral de las normas que rigen los procesos electorales en Bolivia. Entre las propuestas que se consideran "innegociables" se encuentra la exclusividad de la jurisdicción electoral y la prohibición de modificar candidaturas a menos de 48 horas de los comicios.
Gustavo Ávila, presidente del TSE, defendió la necesidad de estos cambios, argumentando que la legislación actual permite modificaciones de candidaturas hasta el último momento, lo que puede generar confusión y problemas en los procesos electorales.
La propuesta también pretende abordar situaciones problemáticas que han surgido desde la implementación de la Ley de Régimen Electoral de 2010, como las renuncias y sustituciones de candidatos justo antes de las elecciones. Un caso reciente destacado fue el de las elecciones subnacionales en La Paz, donde una fuerza política se retiró de la segunda vuelta sin el consentimiento del candidato.
El TSE ha manifestado su preocupación por la interferencia de decisiones judiciales en el proceso electoral. Durante las elecciones judiciales de diciembre de 2024, se presentaron recursos constitucionales que alteraron la convocatoria, generando incertidumbre sobre el principio de preclusión.
Controversia en la presidencia del TSE
La situación se complica por la crisis de confianza en el TSE y particularmente en su presidente, Ávila. Su nombramiento en abril de 2024 fue polémico, ya que reemplazó a Dina Chuquimia sin que ella hubiera renunciado, lo que llevó a un recurso ante la justicia que aún está pendiente.
Ávila fue confirmado en su cargo por el gobierno de Rodrigo Paz en febrero de 2026, lo que ha generado más dudas sobre la legalidad de su designación. Existe discusión en torno a si su mandato debería prolongarse hasta 2030 o si debe concluir en diciembre de 2025, lo que deja un vacío sobre su legitimidad.
Expertos advierten que, aunque una nueva legislación electoral podría mejorar el proceso y establecer procedimientos más claros, la falta de legitimidad del TSE podría deslegitimar cualquier reforma. La reconstrucción de confianza en el organismo electoral es vital para que las nuevas normas sean efectivas.
Ávila ha enfatizado que la reforma debe ser el resultado de un consenso amplio y un diálogo constructivo, con el fin de fortalecer la democracia en el país. Sin embargo, para que este proceso sea exitoso, es fundamental que se aborden las dudas sobre la independencia y legitimidad del TSE.