Gobierno implementa diésel flotante y el agro denuncia efectos negativos
La nueva normativa establece un precio referencial para el diésel, generando descontento entre los productores que consideran que afecta su producción.
Este lunes, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto 5676, que fija un precio flotante de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y clientes directos, con el objetivo de combatir el contrabando, reducir filas en los surtidores y aliviar la carga fiscal del Estado. Sin embargo, esta decisión ya ha suscitado un fuerte rechazo en el sector agropecuario.
Los ministros Fernando Aramayo y Marcelo Blanco sostuvieron una conferencia de prensa para dar detalles sobre la implementación de esta medida. Aramayo argumentó que la iniciativa busca evitar que el Tesoro General del Estado siga perdiendo recursos debido a las importaciones de combustibles, mientras que Blanco destacó que los pequeños consumidores continuarán pagando Bs 9,80 por litro.
La normativa clasifica a los consumidores en tres grupos: aquellos que consumen de 120 a 5.000 litros, de 5.000 a 19.900 litros y los grandes consumidores que superan los 20.000 litros. Aunque se busca reducir el desabastecimiento, ambos ministros reconocieron que no se solucionará de inmediato la crisis en los surtidores.
El sector agropecuario, a través de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), manifestó su rechazo a la medida, considerando que la diferenciación de precios es una discriminación hacia los productores. Klaus Frerking, presidente de la CAO, expresó que esto podría incentivar la corrupción y el contrabando en lugar de resolver el problema del desabastecimiento.
Frerking agregó que el sector agro solo representa el 16% del consumo de diésel en el país y enfatizó que no se debería cargar a este sector con la culpa del desabastecimiento de alimentos. La CAO también propuso que el Gobierno considere la compra de etanol nacional, pagado en bolivianos, y demandó un trato equitativo para todos los sectores económicos.
Por otro lado, otras organizaciones, como la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Confederación de Choferes de Bolivia, también han manifestado su desacuerdo con el decreto, exigiendo un diálogo con el Gobierno para discutir sus consecuencias y buscando alternativas que no perjudiquen a sus sectores.
Finalmente, el vicepresidente Edmand Lara solicitó la suspensión del decreto y propuso abrir un diálogo entre todas las partes involucradas para abordar la crisis del diésel. Aclarando que el incremento en el precio del combustible afectará a los sectores productivos y, en consecuencia, a los precios que enfrentan los ciudadanos.