Funcionario del GAMT acusado de exigir hasta Bs 1.500 a comerciantes

Adrián R. I. G., un funcionario de 42 años del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT), ha sido aprehendido en medio de acusaciones por supuestos cobros irregulares que oscilan entre 600 y 1.500 bolivianos a dueños de negocios. Se le señala de aprovechar su posición para extorsionar a comerciantes a cambio de evitar multas y facilitar licencias de funcionamiento.

La denuncia fue presentada el miércoles por la mañana ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde al menos cuatro víctimas expusieron que el funcionario, jefe de operativos, les exigía pagos que podían realizarse en efectivo o a través de códigos QR. Los testimonios de los afectados reflejan situaciones ocurridas entre abril y julio, cuando sintieron presión para pagar y así no arriesgar sus licencias.

El director de la FELCC, teniente coronel Raúl Terrazas, confirmó que los denunciantes presentaron comprobantes de los pagos realizados. El caso ha sido derivado al fiscal Diego Gutiérrez, quien está a cargo de la investigación, que se enmarca en el delito de concusión, tipificado como el uso indebido de un cargo público para obtener beneficios personales.

El funcionario fue detenido en la noche del miércoles cerca de la plaza Sucre, sin oponer resistencia. Actualmente se investiga la posibilidad de que haya más víctimas, a medida que avanza la indagatoria.

En respuesta a las acusaciones, el director de Orden y Seguridad del GAMT, Carlos Vargas, anunció que Adrián R. I. G. ha sido suspendido temporalmente sin sueldo mientras se desarrolla el proceso judicial. Además, invitó a otros posibles afectados a presentar sus denuncias.

Luis Carlos Barrios, asesor jurídico del GAMT, mencionó que la Alcaldía podría convertirse en parte víctima en el proceso penal. Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Marcelo Zenteno, respaldó la decisión de suspensión y enfatizó la importancia de la investigación, asegurando que se seguirá de cerca el caso.

Una vez finalizada la imputación, un juez determinará la situación legal del implicado.