La economía ilícita en Bolivia: un panorama alarmante
Un estudio de la Fundación Milenio revela el alarmante crecimiento de las actividades ilegales en el país, que amenazan la democracia y la seguridad nacional.
La Fundación Milenio ha publicado un estudio titulado “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional. Zonas de penumbra y vulnerabilidad del Estado”, que alerta sobre el aumento de actividades ilegales y su impacto en la economía boliviana, así como los riesgos que representan para la seguridad del país y su estabilidad democrática.
Este trabajo es una advertencia crucial sobre un tema poco comentado en la esfera pública, cuya magnitud muchos desconocen. Los grupos criminales han logrado controlar importantes territorios en Bolivia, desafiando a las fuerzas de seguridad que en ciertos casos han sido desplazadas.
Henry Oporto, uno de los autores del informe junto a Ricardo Calla, destaca que el narcotráfico, la minería ilegal—sobre todo de oro—, el contrabando y la corrupción estatal podrían representar entre un 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, estimándose entre 12.000 y 15.000 millones de USD.
Dentro de este contexto, la minería ilegal de oro suma aproximadamente 4.000 millones de USD; el narcotráfico, 3.500 millones; y el contrabando, 2.750 millones. Además, se deben considerar otros factores como la corrupción y el lavado de dinero, que se interrelacionan.
Con estas cifras, la posibilidad de que redes criminales cojan control sobre diferentes instancias del Estado se vuelve una amenaza real. Tal como mencionan los investigadores, esta infiltración no solo afecta a la Policía Nacional y el sistema judicial, sino que también llega a organizaciones sindicales y políticas, debilitando las bases del Estado de derecho.
Este flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas se ha convertido en un motor clave de la economía informal, que actualmente absorbe cerca del 80% de la demanda laboral en el país. Así, su impacto no es únicamente económico, sino que también tiene repercusiones sociales y políticas, al fortalecer la capacidad de movilización y control de estas organizaciones.
Asimismo, existe el peligro de que estos grupos se conviertan en financistas de campañas políticas, alterando la representación democrática y afectando la legitimidad de los gobiernos electos, lo que a su vez socava la democracia y perpetúa un ciclo de corrupción e impunidad.
Los autores concluyen que Bolivia necesita instaurar de forma urgente una estrategia de seguridad exhaustiva que incluya reformas profundas en la policía, además de rescatar el sistema judicial de las influencias políticas y fomentar la cooperación internacional.
La situación actual exige una reflexión seria y un debate público que no se limite a lo superficial. Si no se toman acciones inmediatas, Bolivia podría enfrentar consecuencias devastadoras semejantes a las que han vivido otras naciones como Colombia y México, donde la violencia y la pérdida de vidas se han vuelto incontrolables.