Conflictos por el diésel: transportistas y agro en pie de guerra
La situación con el diésel se vuelve crítica en Bolivia, con transportistas anunciando un paro y el agro organizando un congreso para protestar contra un decreto que afecta sus costos.
La introducción de un nuevo esquema de comercialización de diésel ha generado dos frentes de conflicto importantes para el Gobierno boliviano. Desde el lunes 24 de agosto, los transportistas de combustibles han declarado un paro nacional debido a deudas no saldadas por YPFB y a la necesidad de ajustar sus tarifas de flete. Por otro lado, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ha convocado a un congreso extraordinario para exigir la anulación del Decreto Supremo 5676, que ha elevado el precio referencial del diésel a Bs 18 para ciertos grandes consumidores.
Sergio Kosky, líder de los cisterneros, ha señalado que esta decisión es una respuesta al incumplimiento de los compromisos por parte de YPFB, destacando la urgencia del pago de deudas pendientes y la necesidad de actualizar las tarifas de transporte. Los transportistas enfrentan mayores costos operativos, dificultades para acceder al combustible y largas esperas para llenar sus cisternas, lo que podría repercutir en el abastecimiento de gasolina y diésel en las ciudades.
El paro de los transportistas es particularmente preocupante, ya que estos son esenciales para la distribución de combustible a las estaciones de servicio. Además, se ha acumulado una percepción de responsabilidad sobre ellos en relación al contrabando de combustible. Si se lleva a cabo la huelga, se podría agravar la situación de desabastecimiento que ya afecta a varias ciudades.
Por otro lado, la CAO tiene programado un congreso el 27 de agosto en Warnes con el objetivo de discutir y exigir la derogación del DS 5676. Klaus Frerking, presidente de la CAO, ha denunciado que esta medida fue impuesta sin la debida consulta a los productores, lo cual consideran una falta de legitimidad.
El decreto eleva el precio del diésel a Bs 18 por litro para grandes consumidores, mientras que otros usuarios continúan pagando precios regulados. Aunque el Gobierno defiende la medida como una forma de disminuir la carga fiscal de las importaciones y combatir el desvío de combustible subvencionado, los productores agropecuarios argumentan que este aumento de precio se trasladará a los costos de producción, afectando así la cadena de suministro.
El impacto del aumento en el precio del diésel podría afectar a productos clave como el maíz y el sorgo, así como a las cadenas de producción avícola, porcina y lechera. La CAO también expresa su preocupación por la diferencia de precios que podría dar lugar a especulación y al mercado negro, en un contexto donde el sector agro ya enfrenta problemas de abastecimiento debido a bloqueos y otras dificultades logísticas.
YPFB está buscando alternativas para aliviar la presión sobre el transporte terrestre, como la reactivación del transporte ferroviario de combustibles hacia Santa Cruz. Sin embargo, esta medida no sustituye a la función de las cisternas, que son necesarias para llevar el combustible desde los puntos de recepción hasta los surtidores.
El conflicto por el diésel no se limita únicamente a un incremento de precios, sino que involucra quién asume los costos de abastecimiento y la viabilidad de una cadena energética que depende en gran medida del transporte por carretera. Tanto los transportistas como los productores piden que el impacto de estas decisiones no recaiga en sus actividades, ni en los consumidores finales.