Familias exigen respuestas sobre contratos de terrenos en dólares; el Gobierno presenta plan de acción
El Ministerio de Economía ha establecido un plan para atender las preocupaciones de familias que compraron terrenos, el cual incluye revisión de casos y un diálogo con desarrolladores.
El 30 de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció un acuerdo tras una reunión entre el ministro José Gabriel Espinoza y representantes de familias afectadas por la compra de terrenos en diferentes urbanizaciones del país. Se acordó una hoja de ruta para abordar sus reclamos y analizar los casos presentados.
El plan contempla tres acciones clave: la evaluación técnica y legal de los casos, la presentación de documentos por parte de las familias y la creación de una mesa de diálogo con las empresas desarrolladoras y propietarios de urbanizaciones. La primera revisión técnica y jurídica se llevará a cabo el 31 de julio en Santa Cruz.
El análisis de las situaciones se realizará en conjunto con la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, asegurando que se respeten los principios de legalidad y protección al consumidor, conforme a la Ley N.º 453.
En la segunda fase, los representantes de las familias se comprometieron a enviar copias de sus contratos y la documentación necesaria para que los equipos técnicos evalúen cada caso de forma individual, dado que existen distintas modalidades contractuales.
Además, el 3 de agosto se llevará a cabo una mesa de diálogo con la participación del ministro de Economía, autoridades del gobierno y representantes de las empresas del sector, con el fin de establecer un espacio para buscar soluciones equilibradas y sostenibles.
El Gobierno reiteró su compromiso de actuar dentro del marco legal para proteger los derechos de las familias bolivianas, asegurando evitar prácticas que resulten en condiciones de pago desproporcionadas y promoviendo un equilibrio en las relaciones de consumo.
Por su parte, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) manifestó su comprensión hacia las preocupaciones de las familias, resaltando que cualquier solución debe surgir del diálogo y el respeto a la seguridad jurídica. El director de la CBDI, Carlos Baldivieso, enfatizó que los contratos deben cumplirse según lo acordado y que las situaciones deben ser revisadas de manera técnica e individual.
Finalmente, la CBDI advirtió sobre el impacto que el nuevo régimen cambiario podría tener en la inversión y el empleo en el sector inmobiliario, destacando la necesidad de certeza jurídica para proteger tanto a familias como a desarrolladores.