La economía boliviana en crisis mientras el país se distrae
En medio de un torbellino de escándalos políticos y sociales, la economía nacional enfrenta desafíos alarmantes que pasan desapercibidos.
En Bolivia, mientras la atención pública se centra en un sinnúmero de escándalos políticos, la realidad económica se deteriora de manera silenciosa. Cada día trae consigo nuevas polémicas: desde denuncias hasta confrontaciones personales, creando un espectáculo mediático que desvía la mirada de problemas más serios. Así, mientras nos entretenemos con estas historias, la economía continúa su marcha, y lo peor es que lo hace en nuestra contra.
De acuerdo con el último informe del Banco Central de Bolivia, el país enfrenta tres crisis interconectadas: una crisis cambiaria, una crisis en su modelo de crecimiento y una crisis social. A esto se suman otras crisis que escapan de la discusión pública, como la crisis ambiental y la institucional. Sin embargo, es el ámbito económico y social el que merece nuestra atención inmediata.
Una de las principales señales de alerta es la recesión. Bolivia ha estado en contracción económica durante tres años consecutivos, y para 2026 se estima que el PIB caerá entre -3,3% y -3,6%. Este escenario es más que un simple tropiezo: es la caída más pronunciada desde los años 80. Aunque la recesión provocada por la pandemia en 2020 fue severa, esta nueva crisis es igual de alarmante.
La economía boliviana, durante años, se sustentó en la renta del gas y el gasto público. Sin embargo, la producción gasífera ha disminuido y el déficit público ha crecido. Ahora, ambos pilares están debilitados y no se vislumbra un nuevo motor económico que lo reemplace, como podrían ser la inversión privada o las exportaciones no tradicionales.
La inflación representa otra preocupación crítica. El año 2025 cerró con un 20,4%, la cifra más alta en tres décadas. Para 2026, las proyecciones varían drásticamente, con estimaciones que oscilan entre el 9% y más del 20%. Sin embargo, lo que está detrás de estos números es aún más grave: la inflación afecta desproporcionadamente a quienes perciben salarios en bolivianos y deben destinar gran parte de su ingreso a alimentos, que se encarecen constantemente.
En el ámbito social, los indicadores pueden ser engañosos. Aunque se presume que la tasa de desempleo es relativamente baja, la realidad es que la mayoría de los trabajadores en las ciudades son informales. Esto significa que perder un empleo no siempre se traduce en desempleo estadístico, ya que muchos recurren a trabajos informales para sobrevivir.
Desde 2019, el ingreso laboral real ha disminuido su poder adquisitivo en aproximadamente un 33%. Aunque el salario nominal puede haber aumentado, esto no se traduce en una mejora del bienestar, pues los precios de alimentos y otros bienes han crecido de manera alarmante. Como resultado, la pobreza podría alcanzar entre el 46% y el 50% de la población para 2026.
La discusión económica no puede limitarse a un debate superficial sobre ajustes. Es necesario un enfoque que contemple la magnitud de los desequilibrios acumulados en los ámbitos fiscal, monetario y cambiario. La clave es encontrar formas de ajuste que no perjudiquen más a quienes ya están en situación vulnerable.