Municipios de Chuquisaca en pie de lucha contra el régimen Graco
La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech) se opone al Decreto Supremo 5676 y pide ser excluida del régimen Graco por el impacto en sus finanzas.
La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca, conocida como Agamdech, ha manifestado su descontento frente al Decreto Supremo N° 5676, emitido por el presidente Rodrigo Paz. La entidad exige que se los excluya del grupo de Grandes Contribuyentes (Graco) y solicita la intervención de la FAM Bolivia ante el Gobierno nacional.
Agamdech destacó su preocupación por las repercusiones de esta medida en las finanzas de los municipios, advirtiendo que tales decisiones pueden "desgastan el presupuesto de los municipios" y perjudican su operatividad.
Según la organización, los gobiernos locales dependen del uso de maquinaria pesada, como tractores y volquetas, para realizar tareas esenciales como la apertura y mantenimiento de caminos, así como la construcción de reservorios. El costo actual del diésel, fijado en Bs 18 por litro, podría frenar el desarrollo de las comunidades locales, ya que limita los recursos disponibles para sus actividades.
Además, Agamdech rechazó de manera firme su inclusión en el régimen Graco, argumentando que las Entidades Territoriales Autónomas no operan con fines de lucro. En su comunicado, sostuvieron que "somos instituciones de servicio y no de lucro como las empresas que generan ganancias y pueden asumir el costo del diésel".
La agrupación también advirtió sobre los efectos colaterales que podría acarrear el aumento del precio del combustible, mencionando que este encarecimiento impactará en el transporte, la producción y, en consecuencia, en el costo de vida de la población.
En su comunicación oficial, Agamdech pidió la modificación del Decreto Supremo 5676, con el fin de que los Gobiernos Autónomos Municipales tengan acceso al diésel a un precio de Bs 9,80 en las estaciones de servicio. También se declararon en estado de emergencia en caso de que su demanda no sea atendida, calificando la medida como un ataque a la economía municipal.