Aumento del diésel afecta a la construcción en Bolivia
El reciente decreto que incrementa el precio del diésel golpea a las empresas constructoras, generando preocupación entre los actores del sector.
Las firmas constructoras enfrentan serios desafíos tras la decisión del gobierno de subir el costo del diésel para aquellos que consumen más de 5.000 litros mensuales, un volumen que se considera mínimo para tareas esenciales como el movimiento de tierras.
Sergio Aramayo, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Chuquisaca (Cadeco), junto con el ex presidente Samuel Torres, expresaron su descontento, alegando que esta medida repercutirá negativamente en la economía del sector y provocará inflación y especulación en el mercado.
Los representantes del sector informaron en Correo del Sur Radio que, aunque la normativa se dirige a grandes consumidores, el efecto se siente también en las pequeñas y medianas empresas. En las estaciones de servicio, cualquier compra que supere los 200 litros será facturada a un nuevo precio de Bs 18.
El aumento del diésel no solo afecta a las constructoras, sino que arrastra a toda la cadena productiva, incluyendo a proveedores de agregados y prefabricados, cuyas necesidades de combustible varían entre 5.000 y 20.000 litros. Además, se suma la crisis de desabastecimiento, obligando a las maquinarias a hacer largas filas que pueden durar horas o incluso días.
En este contexto, las empresas enfrentan pérdidas económicas debido a salarios que deben seguir pagando a choferes que permanecen inactivos en las colas. A su vez, Torres advirtió sobre la posibilidad de que surja un 'microtráfico interno' de diésel, donde particulares compren el combustible a precio subvencionado para revenderlo a constructoras.
El problema se agrava por la falta de flexibilidad en los contratos públicos, que impide a las empresas ajustar los costos de sus obras de acuerdo a las fluctuaciones del mercado. En Bolivia, se utilizan esquemas de precios fijos, a diferencia de otros países que aplican fórmulas más adaptativas.
Aunque existe el Decreto Supremo 5597 que permite el reajuste de precios, este solo beneficia a los contratos firmados hasta abril de este año, dejando a los nuevos proyectos con precios que no reflejan la realidad del mercado. Debido a esto, se estima que más del 98% de las obras están paralizadas y solo 40 de las más de 150 empresas afiliadas a Cadeco Chuquisaca están activas.
Los constructores han solicitado a las autoridades tanto nacionales como locales establecer un diálogo que prevenga la quiebra del sector y permita encontrar soluciones a esta crisis que afecta gravemente la actividad constructiva en el país.