Dueños del "Edificio Padilla" recibirán 9 años de cárcel por estafa en Sucre
Los propietarios de un emblemático edificio en Sucre fueron condenados por estafa, afectando a múltiples víctimas durante los últimos años.
Olga P. C. (65 años) y Guido F. S. L. (62 años) fueron hallados culpables del delito de estafa, conocido como estelionato, en un juicio que se llevó a cabo en Sucre. La sentencia fue emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N° 7, donde se les impuso una pena de nueve años de prisión, que deberán cumplir en el penal de San Roque.
El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, explicó que durante el juicio se presentaron pruebas contundentes que acreditaron la culpabilidad de los acusados. El caso está relacionado con el "Edificio Multifamiliar Padilla", situado en la avenida Jaime Mendoza y que ha generado un gran impacto en la comunidad sucrense, debido al número de víctimas afectadas.
Se presentó un variado conjunto de evidencias, que incluyó formularios de denuncia, documentos de transacciones, contratos de préstamos y otros documentos legales. Esto permitió demostrar la existencia de múltiples irregularidades en las operaciones de los acusados, quienes ofrecían bienes que ya no eran de su propiedad como garantía para nuevos préstamos.
Los delitos se cometieron repetidamente entre 2022 y 2024, periodo en el cual los acusados establecieron garantías hipotecarias sobre departamentos y locales comerciales del edificio. Sin embargo, muchas de estas propiedades ya estaban gravadas, lo que ocasionó un perjuicio económico a las víctimas que confiaron en las garantías ofrecidas.
Durante el proceso judicial, los acusados intentaron retrasar el avance del caso a través de varias tácticas legales, que fueron finalmente desestimadas. Esta sentencia es la primera que se emite contra ellos, quienes aún enfrentan otros procesos legales por hechos similares relacionados con el mismo inmueble y con más víctimas involucradas.
El caso subraya la importancia de proteger a los consumidores y la necesidad de que las autoridades actúen en defensa de los derechos de los ciudadanos ante situaciones de fraude.