Gobierno incrementa el límite de subvención para YPFB
El nuevo Decreto Supremo establece un techo de hasta Bs 2.000 millones para financiar la importación de combustibles, en medio de un contexto económico complicado.
El 27 de agosto, el presidente Rodrigo Paz Pereira firmó el Decreto Supremo N.º 5683, que permite aumentar el monto que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede destinar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para compensar las diferencias en la importación de hidrocarburos, pasando de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones.
Esta modificación se da en el contexto del Decreto Supremo 5652, emitido el 9 de julio de 2026, que había fijado el límite de recursos inicial en Bs 1.000 millones. El nuevo decreto no implica que se desembolsará la cantidad máxima de manera inmediata, ya que depende de la disponibilidad financiera del TGN.
En el artículo único del Decreto 5683 se establece que el nuevo monto autorizado es: "Hasta Bs2.000.000.000 (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)". La medida busca garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país, debido a la situación económica actual.
El Ejecutivo justifica este aumento de fondos como parte de una estrategia para estabilizar los precios de los productos derivados del petróleo. Se señala que es crucial contar con suficientes recursos para YPFB, asegurando así el abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional.
El decreto mantiene el mecanismo establecido en julio, donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá asignar recursos a YPFB, de acuerdo a la disponibilidad financiera. Estos fondos se usarán para cubrir el diferencial de importación de petróleo crudo, de acuerdo a la metodología vigente.
Aunque este nuevo decreto no afecta directamente los precios del diésel o la gasolina, sí se da en un contexto de negociaciones y cuestionamientos por parte de diferentes sectores sobre estos precios y el abastecimiento de combustibles en el país.
Los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías son los encargados de poner en práctica la norma, que fue promulgada en el Palacio de Gobierno el 27 de agosto de 2026, firmada por el presidente y sus ministros.