Gobierno podría extender el estado de excepción por bloqueos
El Ejecutivo evalúa prolongar la medida ante la reactivación de movilizaciones en rechazo a políticas sobre combustibles, aunque no es una prioridad inmediata.
La administración de Rodrigo Paz está considerando la posibilidad de extender el estado de excepción en Bolivia debido a la continuación de bloqueos y la amenaza de nuevas protestas contra el Decreto Supremo 5676, que aborda la regulación de precios y subsidios de combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, mencionó que si los bloqueos persisten y afectan la libre circulación, el Gobierno podría tomar la decisión de ampliar la medida. Esta acción busca prevenir la repetición de los conflictos que ocurrieron en mayo y junio, donde los bloqueos duraron semanas y perjudicaron el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos.
Sin embargo, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, indicó que por el momento no se prioriza la ampliación del estado de excepción. Reiteró que la medida sigue activa y que las autoridades deben hacer cumplir las restricciones y sancionar a quienes obstaculicen las carreteras.
El estado de excepción fue implementado por el presidente Paz el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, lo que significa que se mantendrá vigente hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier prórroga requeriría aprobación de la Asamblea Legislativa, según expertos en derecho constitucional.
El debate sobre la posible extensión se intensificó con el resurgimiento de bloqueos en varias regiones, como el puente San Pablo en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores llevan tres días de protestas exigiendo la liberación de detenidos y otras demandas.
Desde la oposición, algunos legisladores critican al Gobierno, sugiriendo que primero debe cumplir con el estado de excepción actual antes de considerar su ampliación. Por otro lado, desde el oficialismo se está promoviendo una propuesta para extenderlo por seis meses, justificando que podrían surgir nuevos conflictos sociales y emergencias.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que el estado de excepción es una herramienta temporal y no soluciona las causas de fondo de los conflictos. Hizo un llamado a priorizar el diálogo y atender las demandas que podrían desencadenar nuevas protestas.
Por el momento, el Gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre la ampliación del estado de excepción, y la evolución de los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas será crucial para determinar su futuro.