Estudios revelan la creciente vulnerabilidad de Bolivia ante el crimen organizado
Un análisis reciente destaca cómo diversas economías ilícitas han crecido en Bolivia, impulsadas por un entorno político y social favorable a la criminalidad.
Un informe de la Fundación Milenio, publicado esta semana, revela que en las últimas dos décadas las economías ilegales en Bolivia, como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas, han proliferado gracias a un Estado que ha sido capturado por diversas facciones políticas y grupos de poder.
El estudio, titulado "Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social", fue elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla. Además, se complementó con el informe del Centro de Estudios de la Democracia que evalúa la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina.
Según el documento, desde 2006 hasta 2025, Bolivia experimentó un auge en estas actividades ilícitas. Los investigadores argumentan que el Estado ha proporcionado un entorno propicio para esto, al estar dominado por intereses políticos y sindicales que debilitan la gobernanza.
El informe también señala que este sistema de gobernanza, caracterizado por la corrupción y la criminalidad, ha permitido la aparición de al menos 17 clanes narcotraficantes identificados y ha expuesto escándalos dentro de la Policía, como el caso de los "narcogenerales".
El diagnóstico de la Fundación Milenio indica que en Bolivia existen instituciones que, aunque están formalmente establecidas, carecen de la capacidad para actuar efectivamente debido a la presión política, la falta de recursos y la precariedad institucional.
- Presión política y falta de recursos
- Precariedad institucional
- Capacidad efectiva de las instituciones limitada
Finalmente, el informe resalta que Bolivia volvió a ser incluida en junio de 2025 en la "lista gris" del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) debido a sus deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, lo que pone en evidencia la crítica situación del país en este ámbito.
Estos hallazgos plantean un llamado urgente a la acción para abordar las debilidades en las instituciones y contrarrestar el avance de las economías ilícitas en Bolivia.