Avanza proyecto para liberalizar importación de combustibles
Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que busca liberalizar la importación y comercialización de combustibles en Bolivia, prometiendo un mercado más competitivo y menos burocrático.
La semana pasada, los senadores Branko Marinkovich, Ernesto Suarez y Kathia Quiroga llevaron a la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley de Libertad de Importación, Almacenaje, Transporte y Comercialización de Combustibles Líquidos. Este proyecto responde a la necesidad de mover el negocio de importación de combustibles hacia el sector privado, lo que podría ser un paso significativo para mejorar la situación actual del mercado.
La propuesta establece un régimen de libre importación de combustibles que abarca toda la cadena de distribución, lo que permitirá que tanto personas como empresas nacionales y extranjeras importen combustibles sin la necesidad de cumplir con controles de precios o barreras burocráticas. La idea es fomentar un mercado competitivo donde los importadores se esfuercen por ofrecer la mejor relación calidad-precio.
Este proyecto busca disolver el monopolio estatal de YPFB, que ha enfrentado críticas por su corrupción y por la escasez de combustibles. La nueva ley también propone eliminar las barreras administrativas actuales, lo que podría facilitar la entrada de nuevos jugadores al mercado.
Las empresas importadoras, bajo esta ley, no necesitarán permisos previos ni trámites complicados, solo deberán inscribirse en un registro y cumplir con estándares básicos de calidad. Podrán vender directamente al público a precios establecidos por ellos mismos, sin depender de YPFB para la comercialización.
Además, el régimen impositivo se simplifica, aplicando un IVA del 3% sobre la importación y comercialización de combustibles, en lugar del 13% habitual. Esto podría ayudar a abaratar los precios de los combustibles y estimular la producción nacional.
Sin embargo, el proyecto no está exento de críticas. Un aspecto cuestionado es la coexistencia de un mercado privado y la posibilidad de que YPFB continúe operando bajo precios regulados, lo que podría generar una competencia desleal. Además, la creación de una entidad estatal para verificar la calidad de los combustibles podría abrir la puerta a la corrupción.
Finalmente, el mayor desafío que enfrenta la iniciativa es de carácter constitucional, ya que la actual normativa establece que YPFB es el único responsable de la cadena productiva de hidrocarburos. Aunque existen interpretaciones que podrían permitir la participación privada en la importación, la ambigüedad del texto legal deja abierta la posibilidad de demandas de inconstitucionalidad que podrían frustrar el proyecto.
A pesar de las críticas, el espíritu del proyecto busca liberar el mercado y permitir la competencia en la importación de combustibles, lo que podría ser una solución a los problemas actuales de abastecimiento y calidad.