Alcaldías enfrentan crisis por falta de recursos para diésel
Municipios de Tarija y otras provincias detienen operaciones de maquinaria pesada debido a la imposibilidad de adquirir diésel a Bs 18, dejando a los trabajadores en la búsqueda de combustible en estaciones a un menor precio.
Las alcaldías de varias provincias, incluido el municipio de Cercado en Tarija, han visto necesario detener el uso de maquinaria como palas cargadoras y tractores, que son esenciales para el mantenimiento de caminos y la producción agrícola, debido a la falta de fondos para comprar diésel a 18 bolivianos por litro, según lo establecido por el Decreto Supremo 5676.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, anunció que se ha dado instrucciones a las unidades con maquinaria pesada para que hagan filas en las estaciones de servicio y adquieran diésel a 9,80 bolivianos el litro, ya que la alcaldía no cuenta con los recursos para comprar directamente a YPFB.
Torres, quien también es presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) en el país, indicó que muchos gobiernos municipales se encuentran en estado de emergencia debido a la falta de presupuesto para cubrir el costo del diésel, lo que pone en peligro su plan operativo anual.
El alcalde de Yunchará, Pascual Díaz, corroboró esta situación al mencionar que los municipios rurales han decidido suspender el uso de maquinaria pesada, lo que dificulta tanto el mantenimiento de caminos como las actividades agrícolas, debido a la imposibilidad de adquirir el combustible necesario.
Fernando Romero, secretario de Economía y Finanzas Públicas de la Gobernación, explicó que se han formalizado contratos con estaciones de servicio locales para comprar diésel a un precio más accesible de 9,80 bolivianos, lo que se extenderá hasta el final de la gestión 2026.
Esta crisis ha generado descontento entre las organizaciones campesinas, quienes han visto disminuir el apoyo para sus actividades de siembra y cosecha. Exigen que se abrogue el Decreto 5676, que limita la compra de diésel a 120 litros mensuales, una cantidad que consideran insuficiente.
Desde el Gobierno nacional, sin embargo, se ha descartado la posibilidad de abrogar el decreto a pesar de las protestas y amenazas de bloqueos de sectores productivos. Sebastián Daroca, presidente de YPFB, reafirmó que la administración mantendrá su postura, aunque está dispuesto a "mejorar" el decreto.