El nuevo decreto del Gobierno levanta preocupaciones sobre la solvencia bancaria

El Gobierno, bajo la dirección de Rodrigo Paz, ha emitido el Decreto Supremo 5693, que introduce medidas excepcionales y temporales para las entidades financieras que, para el 31 de julio de 2026, muestren dificultades en mantener niveles de solvencia mínimos debido a la actual situación económica. El propósito de esta norma es prevenir un deterioro mayor y asegurar que los servicios financieros sigan operando con normalidad.

Uno de los aspectos más alarmantes de este decreto es la habilitación temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con un porcentaje del 6% de las ganancias netas de los bancos múltiples y las entidades PYME. Este fondo fue diseñado para mejorar el acceso al financiamiento, abarcando garantías para vivienda social y créditos productivos, pero ahora se le da un nuevo uso.

Con el DS 5693, este fondo podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para las entidades financieras que enfrenten problemas de solvencia. Estos certificados tendrán un periodo de vigencia de hasta 90 días. En esencia, los recursos que antes se destinaban a facilitar créditos ahora se usarán para reforzar el patrimonio de los bancos.

Esta situación abre un debate crítico sobre la salud del sistema financiero. Si algunas entidades requieren este tipo de medidas extraordinarias, ¿qué tan grave es la crisis que están atravesando? Aunque el decreto no implica necesariamente una crisis bancaria generalizada, sí hace evidente que se están redirigiendo fondos que debían facilitar el acceso a viviendas y créditos.

El cambio en el uso de estos recursos plantea un dilema: ¿está el Gobierno protegiendo a las entidades financieras para evitar un colapso mayor, o está sacrificando fondos que deberían destinarse a vivienda y producción para solucionar problemas de solvencia en los bancos? Esta pregunta resuena en el debate público y social.