Proponen reforma a la Constitución para eliminar nacionalizaciones y permitir arbitraje internacional
Los diputados Carlos Alarcón y Diego Ávila han presentado un proyecto que modifica la CPE, enfocándose en el régimen de inversiones y la resolución de disputas.
El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, junto a Diego Ávila, presidente del Senado por el PDC, han llevado a la Cámara Alta una propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) que busca realizar cambios significativos en la regulación de inversiones y la gestión de conflictos internacionales.
La iniciativa sugiere añadir un nuevo artículo 412 a la Constitución, que prohíbe de manera explícita la "expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión de inversiones nacionales y extranjeras". Esto podría transformar el actual modelo económico del país.
Además, el proyecto abre la puerta para que cualquier disputa entre el Estado y los inversores se solucione ya sea a través de mecanismos amistosos, por la jurisdicción estatal boliviana o mediante arbitraje nacional e internacional, diversificando así las opciones legales disponibles.
La propuesta incluye la desconstitucionalización de 30 artículos que están relacionados con temas sensibles, como la elección de autoridades judiciales y la gestión de recursos naturales, los cuales pasarían a ser regulados por leyes ordinarias en un periodo de un año.
- Artículo 182
- Artículo 183
- Artículo 185
- Artículo 187
- Artículo 188
- Artículo 194
- Artículo 198
- Artículo 199
- Artículo 200
- Artículo 201
- Artículo 203
- Artículo 227
- Artículo 228
- Artículo 310
- Artículo 319
- Artículo 320
- Artículo 351
- Artículo 352
- Artículo 355
- Artículo 356
- Artículo 357
- Artículo 358
- Artículo 359
- Artículo 361
- Artículo 362
- Artículo 363
- Artículo 367
- Artículo 370
- Artículo 373
- Artículo 378
El proyecto también propone derogar tres artículos específicos de la Constitución: el que penaliza la traición a la patria por afectar el régimen de recursos naturales, otro que exige que las inversiones extranjeras se ajusten solamente a las leyes bolivianas, y el que prohíbe el arbitraje internacional en litigios relacionados con el Estado.
Finalmente, el procedimiento de reforma se dividiría en tres fases: primero, un tratamiento separado en ambas cámaras; segundo, una votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional que requiera dos tercios de apoyo; y tercero, un referendo nacional para validar la modificación ante la ciudadanía.