Reflexiones sobre el Estado de Excepción en Bolivia
El debate sobre la ampliación del Estado de excepción revela debilidades estructurales en la aplicación de la ley y la respuesta estatal frente a crisis sociales y económicas.
El análisis sobre la posibilidad de extender el Estado de excepción en Bolivia se enmarca en un contexto de crisis institucional y cambios en la dirección de la Policía. Sin embargo, la implementación de esta medida se enfrenta a una realidad compleja, donde su cumplimiento ya es cuestionado por diversos sectores.
Franklin Pareja, analista político, señala que para que un Estado funcione de manera efectiva, se necesitan dos componentes: una sociedad que respete las normas y una capacidad coercitiva sólida por parte del gobierno. En Bolivia, estos elementos son deficientes, lo que resulta en una situación donde las leyes se ignoran tanto en la práctica como en la teoría.
La reciente debilidad de las instituciones se evidenció durante un prolongado conflicto de 53 días, donde sectores radicales intentaron movilizarse. Sin embargo, estas luchas políticas quedaron desarticuladas, ya que no reflejaban el sentir de la mayoría de los bolivianos.
A pesar de las demoras en la respuesta del gobierno, lo que llevó a pérdidas significativas, el intento de derrocar al presidente no resonó en la cultura boliviana. Esto, sin embargo, no significa que la tensión social haya desaparecido, ya que el descontento ahora se centra en la creciente crisis económica.
El colapso en el poder adquisitivo del boliviano ha elevado el nivel de pobreza, llevando a una situación de desesperanza. Pareja advierte que la eliminación total de subsidios a los hidrocarburos podría resultar en un aumento drástico de los precios del combustible, provocando un efecto inflacionario devastador para la población.
En este clima de crisis y falta de liderazgo moral del gobierno, Pareja sostiene que intentar restaurar el orden a través de un Estado de excepción es inviable, dado que la crisis actual no se deriva de problemas de seguridad pública, sino de necesidades económicas básicas.