Avanza la reforma parcial de la Constitución en el Senado y la Cámara de Diputados
Se busca acelerar el tratamiento de modificaciones a la CPE en la Asamblea Legislativa Plurinacional, abriendo el debate sobre inversiones, justicia y autonomías.
Este jueves, senadores y diputados dieron un paso importante al acordar impulsar de manera conjunta la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE). Este acuerdo busca acelerar su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, junto al diputado Carlos Alarcón, formalizó la iniciativa destinada a realizar modificaciones específicas a la Carta Magna, en un marco de diálogo entre diversas fuerzas políticas.
Ávila destacó la importancia de este acuerdo, enfatizando que "tenemos la voluntad de impulsar un proceso ágil que permita abordar la reforma constitucional que nuestro país necesita". Esto refleja el carácter prioritario del proyecto para el Legislativo.
El avance de esta iniciativa se logró gracias a un consenso entre las distintas bancadas de la ALP. Según Ávila, se ha alcanzado un compromiso para propiciar la reforma constitucional que es fundamental para el país.
La propuesta comenzará su tratamiento en la Cámara de Senadores, pasando luego por la Comisión de Constitución y posteriormente al pleno. Posteriormente, el mismo proceso se aplicará en la Cámara de Diputados, y finalmente, las modificaciones serán sometidas a referéndum para la aprobación ciudadana.
Alarcón señaló que la elección de iniciar el trámite en el Senado responde a la necesidad de coordinar con las gobernaciones en temas de autonomía. "El Senado representa a todos los departamentos, lo que hace de este el espacio ideal para iniciar el debate sobre competencias autonómicas".
El proyecto de reforma incluye ajustes en áreas críticas como el régimen de inversiones, propiedad estatal y resolución de conflictos internacionales. Además, se plantea la desconstitucionalización de aproximadamente 30 artículos de la CPE, que abarcan desde la elección de altos funcionarios judiciales hasta la regulación de recursos naturales, permitiendo que estos temas sean tratados posteriormente mediante leyes específicas en un plazo de un año.