Consejeros del Consejo de la Magistratura niegan acusaciones de juicio
Tras la viralización de una denuncia en redes sociales por falta de convocatorias a directores, los consejeros aseguran no haber sido notificados oficialmente.
Recientemente, se difundió en redes sociales una denuncia que involucra a los tres consejeros del Consejo de la Magistratura, acusándolos de incumplimiento en sus funciones al no realizar convocatorias para seleccionar a los directores de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) y de la Escuela de Jueces del Estado (EJE). Sin embargo, las autoridades del Consejo afirmaron que no han recibido ninguna notificación oficial sobre esta denuncia por parte de la Cámara de Diputados, quien debe decidir si procede o se rechaza.
La denuncia proviene del abogado Marcelo Pérez Ramos y señala a los consejeros Carlos Spencer (presidente), Manuel Baptista y Paul Araoz por una supuesta omisión dolosa. Se les acusa de no haber seguido los procedimientos adecuados para convocar y seleccionar a los postulantes para los cargos mencionados.
Proceso legislativo en curso
Es importante aclarar que el hecho de que la denuncia haya sido presentada ante la Cámara de Diputados no implica automáticamente la apertura de un juicio. Esta entidad debe examinar si el documento cuenta con fundamentos suficientes para continuar con el proceso o si debe ser desestimado.
De acuerdo a la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, es el Consejo de la Magistratura quien se encarga de convocar y preseleccionar a los postulantes, mientras que la designación final recae en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por lo tanto, el Consejo está siguiendo los procedimientos establecidos, y actualmente se encuentran en marcha las convocatorias nacionales para la EJE y la DGAF.
Ante el posible perjuicio económico mencionado en la denuncia, se subraya que cualquier acusación sobre delitos tendría que ser respaldada por una auditoría que identifique a los responsables de los nombramientos y los pagos, así como demostrar la relación directa entre la conducta de los consejeros y el daño alegado.
Un eventual juicio de responsabilidades que lleve a la separación de los consejeros abriría la puerta a la asunción de autoridades suplentes que no obtuvieron la misma cantidad de votos que los titulares. Esto reaviva el debate sobre la eficacia del modelo de elección de autoridades judiciales mediante voto popular y las tensiones existentes entre titulares y suplentes.
Por último, es fundamental investigar no solo el contenido de la denuncia, sino también los intereses detrás de ella y quiénes podrían beneficiarse de la posible remoción de las actuales autoridades del Consejo de la Magistratura.