Aramayo defiende los bloqueos y el costo que generaron
En su exposición ante la OEA, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, habló sobre los 53 días de bloqueos en Bolivia, justificando las acciones del Gobierno y sus consecuencias económicas y sociales.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, expuso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la postura del Gobierno respecto a los 53 días de bloqueos que impactaron al país entre mayo y junio. Durante su intervención, cuestionó el efecto que hubiera tenido si los bloqueos se hubieran extendido más allá de este periodo crítico.
El informe presentado por el Gobierno a la OEA revela un daño significativo por las acciones de protesta, con pérdidas estimadas en más de Bs 14.000 millones, además de la afectación a aproximadamente 250.000 empleos, tanto directos como indirectos. También se reportaron 22 fallecimientos, de los cuales 19 eran personas no involucradas en las movilizaciones.
Aramayo argumentó que las manifestaciones no eran meros reclamos sectoriales, sino que, a juicio del Ejecutivo, buscaban desestabilizar el orden democrático y promover la interrupción del mandato constitucional. En este contexto, defendió la implementación del Estado de Excepción en el país, argumentando que esta medida fue fundamental para facilitar la entrega de suministros esenciales como alimentos, combustible y oxígeno.
No obstante, el Gobierno también mira hacia el futuro. Tras la presentación del reporte de la Misión de Alto Nivel de la OEA, Aramayo anunció la solicitud formal para el envío de una misión de observación y apoyo policial, a través de la RedPolOEA, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Policía y prevenir futuras crisis de similar magnitud.
La intervención de Aramayo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los 53 días de bloqueos: mientras para el Gobierno el costo fue insostenible y justifica sus decisiones, los sectores movilizados sostienen que las protestas eran respuestas a demandas económicas y sociales que aún requieren atención.
La gran incógnita es: si el Gobierno reconoce el elevado costo de esos 53 días, ¿qué estrategias implementará para evitar que Bolivia experimente una paralización similar en el futuro?
"¿Se imaginan si no hubiéramos tenido los 53 días?"