Rodrigo Paz se distancia de los audios de Edmand Lara y espera resultados de la Justicia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, opta por no pronunciarse sobre la veracidad de los audios que involucran a su administración y a un exasesor argentino, dejando el asunto en manos de la Justicia.
El presidente Rodrigo Paz ha decidido no pronunciarse sobre los audios que fueron difundidos por el vicepresidente Edmand Lara, en los cuales se le atribuyen conversaciones con el exasesor argentino Fernando Cerimedo. En su lugar, Paz ha manifestado que será la Justicia la responsable de determinar la autenticidad de dichas grabaciones mediante un análisis técnico.
Al ser cuestionado sobre los audios, el mandatario enfatizó: “Dejemos a la Justicia que actúe, dejemos que haga su trabajo”. Además, recordó que durante la época electoral circularon muchos audios con el fin de desprestigiar a candidatos y subrayó que no se dejará influenciar por grabaciones cuya validez aún no ha sido confirmada.
Uno de los audios divulgados por Lara sugiere que Paz y Cerimedo discutieron sobre la implementación del estado de excepción que se decretó el 20 de junio, tras semanas de bloqueos sociales. En esta grabación se menciona la creación de una "narrativa" para justificar esta medida, además de un enfoque específico en regiones como el Chapare. Lara añadió que enviará este audio al Ministerio Público para su análisis.
La controversia se complica aún más con otro audio que Lara previamente hizo público, el cual supuestamente incluye a María Elena "Bibi" Urquidi, esposa de Paz, en conversación con Cerimedo sobre la destitución del entonces comandante de la Policía, Mirko Sokol. Nadia Beller, expareja de Cerimedo, ha cuestionado la autenticidad del audio, afirmando que la voz atribuida a Cerimedo no le pertenece.
Con esta postura, Paz se mantiene al margen del debate político en torno a las grabaciones. Lara sostiene que, si se comprueba que los audios son auténticos, estos demostrarán que Cerimedo tuvo más influencia en el Gobierno de lo que se había admitido públicamente. Sin embargo, el presidente insiste en que antes de llegar a esa conclusión debe existir una verificación técnica.
Así, el caso queda en manos de la justicia, que deberá determinar quiénes son los protagonistas de las conversaciones, en qué contexto fueron grabadas y si hubo alguna manipulación en el material. Hasta que no se logre esto, los audios no podrán servir como prueba concluyente.