Nuevo plan antidroga del Gobierno boliviano se enfocará en desmantelar el crimen organizado
El Gobierno lanzó su Política Antidroga 2026-2030, con un enfoque integral para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Bolivia.
Este viernes, el Gobierno aprobó la Política Antidroga 2026-2030 y su respectivo Plan de Acción, que orientarán las acciones del Estado en la lucha contra el narcotráfico y la prevención del consumo de drogas en los próximos cinco años.
La decisión fue tomada durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas, que está bajo la presidencia del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Ejes estratégicos del plan antidroga
- Desarticulación de organizaciones criminales transnacionales
- Interdicción estratégica
- Inteligencia financiera
- Control de precursores
- Control responsable de los cultivos de coca
- Desarrollo integral
- Prevención y atención del consumo desde la salud pública
- Fortalecimiento institucional
- Cooperación internacional
Este plan busca involucrar a diferentes sectores del Estado, destacando que la lucha contra las drogas no debe limitarse solo a las entidades de seguridad. Se incorporan acciones de seguridad ciudadana y salud pública para ofrecer alternativas a las familias involucradas en actividades productivas vinculadas al narcotráfico.
La implementación del Plan de Acción 2026-2030 estará a cargo del Ministerio de Gobierno, específicamente a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y en colaboración con el CPI, buscando transformar los ejes estratégicos en operaciones efectivas contra el narcotráfico.
La reunión de aprobación contó con la participación de representantes de varios ministerios, incluyendo Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Desarrollo Agropecuario y también de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), representada por Mónica Mendoza Betancourt.
Con esta nueva política, se establece un enfoque integral que combina seguridad, prevención, salud pública y cooperación internacional para enfrentar el problema del narcotráfico y el crimen organizado en Bolivia.