Controversia por la intervención a YPFB y ANH
La decisión del Gobierno de intervenir YPFB y la ANH es criticada por expertos que advierten sobre su falta de base legal y el riesgo de una mayor crisis de combustibles.
El analista Jaime Balanza ha expresado su desacuerdo con la reciente intervención del Gobierno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante una comisión de cinco ministros. Según él, esta acción carece de fundamento legal y podría complicar aún más la crisis de combustibles que enfrenta el país.
Esta intervención se formalizó a través del Decreto Supremo 5697, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, y tiene una duración de 180 días. La comisión está compuesta por los ministros de Economía y Finanzas Públicas, Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua, Hidrocarburos y Energías, y Obras Públicas, así como un viceministro de Transparencia del Ministerio de la Presidencia.
Balanza argumenta que este enfoque no solo infringe la Constitución Política del Estado, sino que también contraviene la Ley 3058 de Hidrocarburos y la Ley 1600, que establecen procedimientos claros para intervenciones en el sector. En su opinión, las intervenciones deberían ser realizadas por el ente regulador competente, no por una comisión de ministros.
El especialista también advierte que esta decisión podría crear un vacío de autoridad en YPFB y la ANH, lo que no contribuirá a una solución técnica a la crisis energética actual. La falta de un marco normativo claro para esta intervención podría dar lugar a decisiones arbitrarias y demoras que agraven el desabastecimiento de combustibles.
Recientemente, el Gobierno reconoció irregularidades en las entidades intervenidas, con el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informando que se encontraron cerca de 600 usuarios en el sistema informático de YPFB que no pertenecían al personal activo. También se anunció el cambio del gerente comercial de la petrolera estatal y se evaluarán acciones legales contra quienes hayan facilitado el desvío de combustible.
A pesar de los hallazgos, Balanza sostiene que esto no justifica eludir los procedimientos legales establecidos, ya que las leyes de hidrocarburos permiten realizar auditorías y tomar acciones sin necesidad de una intervención. Por lo tanto, insta al Gobierno a respetar el marco legal vigente para recuperar la certidumbre jurídica en el sector y garantizar el abastecimiento de combustibles.
La controversia en torno a la intervención se suma a otras críticas en medios locales sobre su efectividad y el momento en que se aplica, pues el Gobierno también está considerando que YPFB se enfoque exclusivamente en exploración y explotación, mientras se planea la creación de un nuevo organismo que reemplace a la actual ANH.
Es fundamental restablecer el imperio de la ley en el sector hidrocarburífero para asegurar el abastecimiento de combustibles en el país.