El Gobierno analiza cerrar entre 8 y 10 empresas estatales
El Ministerio de Economía evalúa la situación de varias empresas públicas en crisis financiera, lo que podría resultar en cierres o transformaciones de hasta diez entidades.
El Gobierno dirigido por Rodrigo Paz está llevando a cabo una reestructuración en el sector empresarial estatal. Esta revisión podría concretarse en el cierre, liquidación o transformación de entre ocho y diez empresas que no sean viables financieramente, según lo informado por el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comentó que se realizarán diagnósticos técnicos a las empresas bajo evaluación para decidir cuáles pueden seguir operando y cuáles son una carga para las finanzas del Estado. La aprobación de un mecanismo dentro del PGE Reformulado 2026 permite avanzar en la reorganización, disolución y liquidación de estas empresas.
La situación económica de varias de estas entidades es alarmante. La OFEP ha detectado que 15 empresas se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas que rondan los Bs 3.637 millones. Entre estas entidades se incluyen la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Como parte del plan para reducir el déficit fiscal, el PGE Reformulado también contempla una disminución de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a empresas públicas. Espinoza aclaró que no se trata de cerrar empresas sin más, sino de evaluar cada caso y decidir si deben ser mantenidas, reestructuradas, transferidas a otros gobiernos, asociadas con el sector privado o liquidarse.
Uno de los casos a considerar incluye una empresa estatal dedicada a la producción de papas fritas en El Alto, que podría ser cerrada, transferida a otro nivel de gobierno o asociada con la iniciativa privada, dependiendo de los resultados de la evaluación realizada.
El Gobierno está buscando reducir una estructura empresarial estatal que ha consumido recursos públicos durante años. Ahora, es el momento en que varias empresas deberán probar que pueden operar sin ser una carga para el Estado.