El dilema de la justicia social en Bolivia
El Ministerio de Economía asegura que el país avanza hacia la estabilidad económica, pero muchos cuestionan esa afirmación y alertan sobre el peligro del concepto de 'justicia social' en las políticas públicas.
El 6 de septiembre, el Ministerio de Economía publicó un mensaje en Twitter con la afirmación de que "Bolivia avanza hacia la estabilidad económica con justicia social". Aunque normalmente ignoro la propaganda gubernamental, esta declaración merece un análisis más profundo.
Es evidente que la situación económica en Bolivia es crítica. Las filas para conseguir combustible son comunes, persiste la incertidumbre respecto al dólar, y no se ha visto inversión extranjera que impulse el crecimiento. Adicionalmente, el déficit fiscal y los escándalos de corrupción continúan afectando la economía, mientras que el gobierno se aferra a un modelo que ha demostrado ser ineficaz.
El riesgo de la 'justicia social'
La declaración de 'justicia social' por parte del gobierno no es un simple error en un tweet, sino una señal de la orientación ideológica de sus políticas. Al adoptar este concepto, el gobierno parece estar atascado en un enfoque que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo del país.
He expresado anteriormente que la justicia no debería tener variantes, ya que esto la desnaturaliza. La verdadera justicia debe ser imparcial y basarse en hechos y méritos, no puede ser influenciada por factores sociales. Crear diferentes tipos de justicia—como la social o redistributiva—solo lleva a una distorsión del concepto original, que es fundamental para el progreso.
Tomar decisiones a partir de la 'justicia social' puede tener consecuencias desastrosas, pues puede llevar a un trato desigual y a la penalización de quienes contribuyen al bienestar económico. Es vital entender que los objetivos sociales son importantes, pero no deben lograrse sacrificando la imparcialidad en la administración de justicia.
Si el gobierno fundamenta sus políticas en la 'justicia social', no se alejará del modelo que ha conducido al país a su actual situación de estancamiento. Esto reafirma la continuidad del enfoque del MAS que ha llevado a que sectores de la sociedad reclamen sus derechos como si fueran un deber del Estado, creando una dependencia perjudicial.
Un sistema que obliga a distribuir el ingreso de tal forma que a los que tengan menos les toque más, no por mérito, sino simplemente porque tienen menos, es profundamente injusto y genera incentivos perversos.