Alarma por posible despido de 143 guardaparques en Bolivia
La reciente instrucción del SERNAP de poner cargos a disposición de 143 guardaparques ha generado preocupación en el ámbito de la conservación ambiental, poniendo en riesgo la protección de áreas naturales.
La situación de 143 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha suscitado inquietud entre diversas organizaciones ambientales. La medida, que consiste en solicitar que los funcionarios pongan sus cargos a disposición, ha sido calificada como un "despido encubierto" por sus detractores, quienes advierten que esto podría dejar vulnerables a varias áreas protegidas en Bolivia.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) se opone a esta instrucción y alerta sobre las graves consecuencias que tendría una reducción del personal encargado de la vigilancia de los parques nacionales. La Defensoría del Pueblo ha tomado nota de la situación y ha informado al ministro correspondiente, mientras que una diputada anunció que buscará impulsar acciones legislativas al respecto.
A través de redes sociales, se ha denunciado que los guardaparques trabajan en condiciones difíciles y que su despido podría facilitar actividades ilegales como la caza furtiva, quemas y explotación de recursos naturales. Sin embargo, no hay evidencia que confirme que el Gobierno se esté preparando para despedir a estos funcionarios con el fin de legalizar tales actividades, por lo que esta parte de la denuncia debe ser vista como una acusación y no como un hecho comprobado.
Ante las preocupaciones expresadas, el Gobierno ha reiterado que no se producirán despidos de guardaparques. Según la administración, la instrucción se extiende a aproximadamente 1.200 empleados y consiste en poner sus cargos a disposición para ser evaluados, lo que contradice la interpretación de los trabajadores y organizaciones, quienes creen que esto podría resultar en despidos efectivos.
Mientras el Gobierno habla de un proceso de evaluación y ratificación, los guardaparques señalan que cualquier disminución en su número podría agravar la situación de las áreas protegidas, haciéndolas más vulnerables a la presión de cazadores, traficantes y explotadores de recursos naturales.