ALD PIDE MEDIDAS DRÁSTICAS EN SAN IGNACIO ANTE AUMENTO DE VIOLENCIA
La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz solicita al Gobierno militarizar San Ignacio de Velasco y suspender las clases presenciales debido a una creciente ola de asesinatos y crímenes organizados.
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha solicitado al Gobierno que implemente de manera urgente medidas de seguridad en San Ignacio de Velasco, incluyendo la militarización de áreas consideradas de alto riesgo, debido al aumento de asesinatos presuntamente relacionados con el sicariato y el crimen organizado.
María René Álvarez, presidenta de la ALD, cuestionó la eficacia del programa Fronteras Seguras, argumentando que la presencia del Estado en zonas fronterizas sigue siendo insuficiente. En su declaración, exigió acciones más firmes para frenar la creciente violencia que amenaza la seguridad de los ciudadanos.
La preocupación por la seguridad se intensificó tras el asesinato de dos hombres en San Ignacio, ocurrido el domingo, donde las víctimas fueron acribilladas con un intervalo de apenas 15 minutos. La Policía reportó que uno de los fallecidos no tenía antecedentes penales, mientras que en el segundo caso se investiga un posible nexo con una facción del Primer Comando de la Capital (PCC).
La ALD también ha propuesto suspender temporalmente las clases presenciales en la región, considerando el miedo que expresan los padres y la aparición de símbolos pintados en casas y escuelas. Las autoridades locales advierten que estos grafismos podrían estar vinculados a grupos criminales brasileños, aunque no hay información oficial que confirme su origen o significado.
El Gobierno ya ha confirmado el despliegue de fuerzas militares especiales en San Ignacio de Velasco. Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, indicó que los efectivos permanecerán en la región el tiempo que sea necesario, mencionando la presencia de grupos criminales que están en disputa territorial.
La ALD reitera que San Ignacio "no puede ser tierra de nadie" y reclama que se establezca una presencia constante del Estado para mejorar la inteligencia, el control fronterizo y las acciones contra las organizaciones criminales que operan en la zona.