Comienza juicio por asesinato en Pucamayo: confesión del acusado, pero su defensa busca frenar el proceso
El juicio por el brutal crimen de cinco personas en Pucamayo se inició en Cochabamba, donde el único acusado admitió su culpabilidad, aunque su defensa pretende anular el caso por supuesta presión policial.
Este martes, los juzgados de Cochabamba dieron inicio al juicio oral por el secuestro y asesinato de cinco personas, un crimen impactante ocurrido hace aproximadamente un año y medio en la zona de Pucamayo, en la región de Coranipampa.
Ernesto Almaraz Chura es el único acusado que enfrenta este proceso judicial, donde se ha confirmado que confiesa haber asesinado a las víctimas disparándoles con una escopeta, principalmente en la cabeza, antes de incinerar sus cuerpos.
Conflicto legal y amenazas a las familias de las víctimas
A pesar de su confesión, la defensa de Almaraz busca anular el caso, alegando que sus declaraciones fueron obtenidas bajo coerción tanto de la Policía como de la comunidad de Pucamayo, donde supuestamente fue forzado a entregarse. Los abogados de Almaraz han decidido no hablar con los medios de comunicación.
La situación es crítica para las familias de las víctimas, ya que solo dos de las cinco familias han optado por participar en el juicio. Las otras tres han decidido mantenerse al margen tras recibir amenazas que les han puesto en una situación de vulnerabilidad.
"Acabó con la vida de cinco personas y como a perros los han matado. Ni un animal merece morir como estas personas han muerto".
La parte acusadora ha solicitado una pena de 30 años de cárcel para Almaraz, rechazando cualquier intento de anulación del juicio. Este caso también ha revelado una red de complicidades, pues se menciona la posible participación de otros familiares y comunarios en el crimen, quienes aún no han sido detenidos.
La Policía Boliviana enfrenta dificultades para acceder a la zona de Coranipampa y Pucamayo, considerada de alto riesgo, lo que ha impedido realizar una reconstrucción de los hechos y ha dejado a los otros implicados en libertad. Las familias de las víctimas claman por intervención estatal que garantice la seguridad de las fuerzas de orden y la justicia en este caso.