Sánchez Berzaín critica la validez de la Constitución boliviana
El exministro Carlos Sánchez Berzaín declaró que existe un consenso en Bolivia sobre la ineficacia de la Constitución, la cual, según él, no puede ser reformada por su falta de legitimidad.
En una reciente charla organizada por el Interamerican Institute for Democracy, el exministro Carlos Sánchez Berzaín argumentó que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es nula y no sirve para el desarrollo del país.
Sánchez Berzaín destacó que hay un amplio consenso en Bolivia sobre la ineficacia de la Carta Magna, evidenciado por los continuos llamados a reformarla provenientes de diversos sectores, incluyendo el Órgano Electoral y el sistema judicial.
El exministro, quien fue parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, subrayó que incluso quienes promovieron la Constitución reconocen su falta de utilidad, mencionando que, si bien inicialmente se pensó que podría ser un instrumento para la expansión de derechos, ha servido más bien para beneficiar al crimen organizado y agravar la pobreza en el país.
A su juicio, la Constitución no puede ser reformada ya que, según su análisis, nació muerta debido a diversas irregularidades en el proceso de su creación. Señaló que la convocatoria a la Asamblea Constituyente se dio bajo una ley promulgada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga cuando ya había dejado el cargo.
Además, Sánchez Berzaín mencionó que se realizaron modificaciones ilegales durante el proceso que permitieron al Congreso alterar la propuesta constitucional que había sido aprobada tras la masacre de La Calancha, lo que facilitó el establecimiento del Estado Plurinacional y la reelección.
Durante su exposición, Sánchez Berzaín enumeró las violaciones a las leyes perpetradas por Evo Morales y su administración para facilitar la aprobación de la Constitución, lo que, según él, refuerza su postura sobre la nulidad de la misma.
La conferencia ha puesto sobre la mesa un debate crucial sobre el futuro constitucional de Bolivia y la necesidad de repensar los mecanismos legales que rigen el país.