Gobernación critica fallo judicial en el caso de Chungara y Urquizu

La Gobernación de Chuquisaca ha mostrado su desacuerdo con la reciente resolución del juez de Instrucción en lo Penal, quien decidió no ordenar la detención preventiva de Vivian Chungara y Fernando Selaez, ambos exfuncionarios de la institución. En lugar de eso, el juez optó por medidas menos severas como el arraigo nacional y la prohibición de contacto con testigos y víctimas, además de exigir una fianza de 50.000 bolivianos.

Adrián Zárate, jefe del departamento de Transparencia, informó que se ha presentado una apelación a esta decisión judicial, argumentando que existen riesgos de fuga y de obstaculización en el proceso, aspectos que, a su juicio, no fueron considerados adecuadamente por el juez.

Zárate también mencionó la existencia de un testigo protegido que ya había brindado su testimonio ante el Ministerio Público, aportando un elemento probatorio relevante para el caso. Esta situación, según Zárate, justifica la solicitud de medidas de protección para el testigo.

El jefe de Transparencia subrayó que la fianza impuesta es considerada más simbólica que efectiva, dado que los imputados podrían haber recibido montos significativamente mayores a través de los presuntos cobros ilegales que se les atribuyen.

La apelación fue presentada de manera oral durante la audiencia, y se espera que el juzgado remita los antecedentes a la sala penal correspondiente, donde se fijará una nueva fecha para el juicio.

Finalmente, Zárate se refirió también a la reprogramación de la audiencia del exgobernador Esteban Urquizu, asegurando que el equipo legal de la Gobernación está trabajando para que el proceso avance de manera ágil.

• Arraigo nacional
• Prohibición de comunicarse con testigos y víctimas
• Fianza de 50.000 bolivianos