SOBOCE advierte sobre las graves consecuencias económicas de un fallo judicial en su contra
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ha expresado su preocupación por el impacto negativo que podría tener la ejecución de una sentencia que le exige pagar aproximadamente 744 millones de bolivianos a FANCESA. La empresa considera que esta orden es arbitraria y que su cumplimiento afectaría de manera severa la economía, el sistema financiero y miles de empleos en diversas industrias. Actualmente, la decisión está en revisión en la Justicia Constitucional, que ya la había anulado anteriormente debido a serias irregularidades que aún no han sido subsanadas.
SOBOCE, un actor fundamental en la industria cementera del país, sostiene que su operación continua depende de mantener niveles adecuados de liquidez e inversión. Además, es un emisor activo en el mercado de capitales boliviano y tiene compromisos permanentes con tenedores de bonos y entidades financieras, lo que subraya la importancia de su estabilidad económica.
De ejecutarse esta sentencia, Bolivia se convertiría en el primer país en el mundo en aplicar el concepto de “daño al proyecto de vida” a una sociedad comercial, un marco indemnizatorio que hasta ahora solo se utiliza para individuos. Esto podría desvirtuar la figura jurídica y abrir la puerta a posibles abusos contra empresas en el futuro, debilitando la seguridad jurídica en el país y complicando el acceso a inversiones internacionales.
La empresa también ha rechazado una campaña de presión social que considera está diseñada para influir en la decisión de los responsables de resolver su situación legal. SOBOCE afirma que esta estrategia busca confundir a la población y tergiversar hechos sobre su reclamo, que lleva 16 años en curso tras la expropiación de sus acciones en FANCESA sin el pago correspondiente, según el Decreto N° 0616 del 1 de septiembre de 2010.
A pesar de las adversidades, SOBOCE reafirma su compromiso con Bolivia y destaca que es una de las inversiones extranjeras más significativas en el país. La ejecución de la sentencia demandada representa una amenaza real para atraer nuevas inversiones que son cruciales para la reactivación económica.
Por ello, la compañía hace un llamado a la comunidad jurídica, a los trabajadores, clientes, proveedores, profesionales del Derecho y al sector empresarial en general, instándolos a evaluar con objetividad los riesgos que esta decisión judicial podría generar para la economía y la sociedad boliviana.