Sayuri Loza: El Gobierno y las organizaciones sociales en crisis

La historiadora Sayuri Loza ha señalado que el actual Gobierno no posee la capacidad necesaria para restaurar el orden, y por otro lado, las organizaciones sociales han perdido legitimidad y fuerza, lo que dificulta la articulación de protestas efectivas. Esto ocurre en un contexto de incerteza ante la posible eliminación de la subvención del diésel.

Las entidades como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Federación Tupac Katari están atravesando un período de desgaste significativo. Después de 53 días de bloqueos que afectaron gravemente la economía de ciudades como La Paz y El Alto, las bases sociales sienten que sus esfuerzos no han tenido resultados.

Los miembros de estas organizaciones consideran que la ineficacia de sus estrategias ha resultado en pérdidas económicas y en el abandono de sus actividades productivas, sin obtener ningún rédito tangible. Intentar destituir al presidente Rodrigo Paz no ha dado frutos, lo que ha llevado a la frustración entre sus afiliados.

A Rodrigo Paz le dicen pollo, pero es como esos pollos sin cabeza que cuando se la cortas no sabe para donde va. No tiene un plan.

Loza también criticó en Correo Play la falta de un plan económico efectivo en la gestión del Gobierno, comparando la dirección del presidente Rodrigo Paz con un pollo sin cabeza. Además, cuestionó la tendencia del gobierno a realizar viajes internacionales con grandes delegaciones, en lugar de abordar los problemas económicos internos, como la crisis energética.

La inestabilidad institucional que se observa podría llevar al Estado a perder completamente el control en áreas no reguladas, como el Chapare, San Julián o el conocido como México Chico, lo que facilitaría el surgimiento de grupos irregulares.

Por último, Loza enfatizó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no está cumpliendo con su deber, enfocándose en cuestiones menores como las declaraciones patrimoniales, mientras que es urgente aprobar reformas en áreas críticas como inversiones, minería e hidrocarburos.