Desigualdad entre normas y oportunidades económicas en América Latina
El foro ‘LATAM Sin Barreras’ revela que regulaciones complejas y falta de apoyo institucional frenan el crecimiento en la región.
Recientemente, se llevó a cabo el foro ‘LATAM Sin Barreras’ en Bogotá, donde se presentaron cinco investigaciones que evidencian la desconexión entre las regulaciones establecidas y las reales oportunidades económicas en América Latina.
El evento, realizado el 17 de septiembre y organizado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) en colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional, reunió a expertos de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Descripción de los desafíos en cada país
En el caso de Bolivia, el informe de Fundación Milenio señala una clara relación entre la informalidad y la baja productividad, sugiriendo que la formalización debe ofrecer acceso a financiamiento y mercados, no solo imponer obligaciones.
Por su parte, en Colombia, un estudio reveló que de más de 23,400 vendedores informales en Bogotá, apenas el 1% ha accedido a programas de inclusión, reflejando la brecha entre la regulación y la creación de oportunidades.
Mientras tanto, en El Salvador, solo el 6.2% de las empresas formales logró exportar en 2022 a pesar de contar con un alto porcentaje de pequeñas firmas entre sus exportadores.
En Guatemala, el estudio evidenció que trámites como la licencia sanitaria pueden tardar entre cinco y ocho meses, muy por encima de los 15 a 20 días establecidos por la ley.
Por último, Argentina enfrenta un desafío significativo con 150 impuestos, muchos de ellos a nivel municipal, lo que genera una carga desproporcionada para las pequeñas empresas.
Recomendaciones para mejorar la situación
Los analistas del foro concluyeron que es crucial mejorar la calidad y aplicación de las regulaciones. Se sugiere simplificar trámites, hacer predecibles costos y tiempos, y fortalecer las instituciones.
Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de escuchar a los emprendedores antes de hacer cambios regulatorios y mejorar la coordinación entre las entidades estatales.