Corte Suprema permite a Trump acceder a base de datos polémica sobre votantes

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido levantar las restricciones que impedían al gobierno de Donald Trump utilizar una base de datos federal controvertida. Esta base de datos contiene información sobre la ciudadanía y otros datos sensibles, y se utiliza para identificar a votantes que podrían no ser ciudadanos.

Los detractores de esta medida han señalado que la fiabilidad de la información contenida en la base de datos es cuestionable, lo que podría llevar a la eliminación errónea de ciudadanos estadounidenses de los registros electorales.

En junio, un juez federal ya había declarado que el sistema era ilegal y que violaba el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo argumentó que la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe las purgas masivas en los registros electorales en el periodo previo a las elecciones, limitando así el impacto de esta decisión antes de las elecciones de medio término.

A pesar de esta restricción, los estados todavía tienen la capacidad de verificar la ciudadanía de votantes de manera individual. Los tres jueces liberales de la Corte Suprema expresaron su desacuerdo con la decisión mayoritaria.

El daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera con creces el daño inexistente que experimenta el gobierno

El programa del Departamento de Seguridad Nacional, conocido como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios), permite a las autoridades verificar la elegibilidad de los votantes inscritos en los registros electorales. Este sistema fue creado en 1986 para ayudar en la verificación de la ciudadanía o el estatus migratorio de quienes solicitaban beneficios públicos.

Sin embargo, el año pasado, la administración de Trump amplió las capacidades de búsqueda de este sistema, permitiendo el uso de datos confidenciales del Seguro Social. A pesar de la oposición, el Tribunal Supremo consideró que una ley de 1996 otorga al Departamento de Seguridad Nacional el derecho de solicitar información sobre ciudadanía a otras agencias federales.

Grupos que defienden el derecho al voto han reaccionado negativamente a esta decisión, calificándola de "profundamente decepcionante", ya que podría poner en riesgo a millones de estadounidenses de ser blanco de acciones ilegales basadas en una base de datos poco confiable.

La administración Trump ha justificado la necesidad de este sistema como una medida para prevenir que no ciudadanos voten. Actualmente, 27 estados están utilizando este sistema para verificar la ciudadanía de los votantes, aunque ya se han reportado varios errores en su aplicación.

Ejemplos de estos errores se han registrado en Texas, donde se descubrió que de casi 100 votantes identificados como no ciudadanos, al menos el 10% eran en realidad ciudadanos estadounidenses. A pesar de este tipo de inconvenientes, el gobierno continúa intentando implementar cambios en el sistema electoral del país.