Controversia legal en torno a Soboce refleja problemas en el sistema judicial
Un abogado especialista alerta sobre las implicaciones del fallo que obliga a Soboce a pagar una millonaria indemnización a Fancesa.
El abogado Enrique Varsi Rospigliosi, reconocido catedrático de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, se ha pronunciado sobre el conflicto legal que enfrenta a Fancesa y Soboce, empresa del Grupo Gloria de Perú. Varsi expresa su preocupación ante la reciente decisión judicial que otorga a Soboce un plazo de 20 días para abonar más de 744 millones de bolivianos a la fábrica de cemento chuquisaqueña.
Varsi señala que el proceso presenta serias anomalías y que su análisis es de interés no solo en Bolivia, sino en toda la región. Resalta la dificultad de que un juez ejecute una sentencia cuando aún hay recursos pendientes en la vía constitucional. El jurista critica el uso del concepto de "daño al proyecto de vida" aplicado a una empresa, afirmando que esta interpretación desnaturaliza el derecho civil y constitucional.
Según él, el tribunal está intentando aplicar un concepto que debería ser exclusivo de las personas naturales a una entidad comercial, lo cual resulta completamente incoherente. "Las empresas no tienen emociones ni proyectos de vida, su existencia está centrada en objetivos comerciales", aclara Varsi, indicando que este mal uso del derecho podría tener consecuencias severas para la credibilidad del sistema judicial boliviano.
Varsi también expresa su asombro por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de mantener la sanción de 744 millones a pesar de que el concepto que fundamentaba esa indemnización fue anulado. Esta contradicción en la lógica jurídica es alarmante, ya que refuerza la sensación de falta de justicia y equidad en el ámbito legal.
El abogado concluye que si la ejecución de esta sentencia se lleva a cabo antes de que se resuelva el caso en instancias constitucionales, esto podría resultar en una crisis institucional grave, donde se vulnerarían los derechos de los ciudadanos y se afectaría la confianza en el Estado de Derecho en Bolivia. Advierte que, en caso de que el conflicto llegue a instancias internacionales, se convertiría en un problema para el Estado boliviano por la falta de respeto al debido proceso.