El uso excesivo del derecho constitucional
El debate sobre si la justicia constitucional debe resolver todas las controversias legales plantea interrogantes sobre el abuso del poder judicial.
Desde que ingresamos a las facultades de Derecho, aprendemos que esta disciplina influye en casi todos los aspectos de nuestra existencia. Cada acción que realizamos, desde utilizar el transporte público hasta disfrutar de un espacio recreativo, está regulada por diversos derechos y contratos que, en caso de conflicto, deberían ser atendidos por jueces especializados en cada área.
A pesar de que existen jueces específicos para resolver problemas como un contrato de arrendamiento o un incidente con el servicio de transporte, se plantea una inquietud: ¿debería la justicia constitucional tener la autoridad final sobre todas las disputas legales que surgen en nuestra vida cotidiana?
Considerar que la justicia constitucional puede solucionar cualquier problema social puede llevar a un "abuso" de esta forma de derecho. Esta situación se presenta cuando se busca que el tribunal decida sobre temas políticos, como quién debe ocupar un cargo público, cuestiones que deberían ser resueltas por el pueblo a través de mecanismos democráticos.
Los conflictos sociales deberían ser solucionados mediante negociaciones entre el Gobierno y los sectores afectados, utilizando los espacios de participación ciudadana. Sin embargo, al ser adjudicados a jueces, se corre el riesgo de que las entidades competentes eviten asumir sus responsabilidades.
Así como un padre no podría confiar el cuidado de sus hijos a cualquiera, es esencial que también supervisemos a aquellos que están encargados de proteger nuestros derechos. La historia nos muestra que los fundadores de Estados Unidos visualizaron la necesidad de limitar el poder de una sola institución, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, y propusieron un sistema de controles entre distintas entidades.
La respuesta racional a la pregunta formulada es: NO.