Preocupaciones sobre el penal de Morros Blancos: narcotráfico y hacinamiento
La Pastoral Carcelaria denuncia la falta de inversión y las condiciones críticas en el penal de Morros Blancos, además de la posible influencia de redes criminales en su funcionamiento.
Miguel Sotelo, representante de la Pastoral Carcelaria, ha expresado su preocupación sobre la situación en el penal de Morros Blancos, donde los problemas de hacinamiento y la escasez de recursos son alarmantes. Según él, la situación se ve agravada por la supuesta presencia de redes de narcotráfico y corrupción que operan dentro del sistema penitenciario.
Sotelo, con más de 11 años de labor en el penal, destacó que no ha habido mejoras significativas en infraestructura ni en las condiciones generales del recinto. "En todo este tiempo, no he visto una inversión seria para cambiar la situación," afirmó durante una entrevista.
El representante también planteó inquietudes sobre la eficacia de la Policía dentro del penal, mencionando que se enfrentan a problemas de corrupción y extorsión. Sotelo argumenta que la mala gestión afecta directamente a los internos, quienes muchas veces son víctimas de un sistema judicial que no ofrece garantías.
Además, señaló que los recursos para el trabajo administrativo son insuficientes. Aseguró que el personal encargado de la gestión dentro del penal enfrenta dificultades incluso para obtener materiales básicos como papel, necesarios para el manejo de documentos relacionados con los internos.
Cuestionamientos al sistema judicial
Sotelo también criticó el tratamiento judicial que reciben algunos internos, indicando que muchos enfrentan procesos injustos o permanecen en prisión a pesar de su inocencia. Se refirió a la necesidad de revisar la legislación actual, incluyendo la Ley 348, para garantizar un sistema de justicia más equitativo.
La situación denunciada por la Pastoral Carcelaria abre un debate sobre la urgencia de mejorar las condiciones en los centros penitenciarios de Bolivia, así como la necesidad de implementar mecanismos de control más efectivos que resguarden los derechos de las personas privadas de libertad.