Debate en la ALP sobre el retiro de visas de EEUU a funcionarios bolivianos

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene agendada una sesión para este lunes, donde se debatirá el retiro de visas por parte de Estados Unidos a un grupo de 13 funcionarios bolivianos. La convocatoria fue realizada por el presidente nato de la ALP y vicepresidente del Estado, Edmand Lara, y se anticipa que el debate será intenso.

Los parlamentarios han comentado que hay dos rutas posibles a seguir en este proceso. La primera opción sería que un legislador proponga la creación de una comisión mixta entre Diputados y Senadores para investigar el asunto. El diputado Marcelo Solís, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, enfatizó en la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia.

Solís también mencionó que el tiempo que podría tomar este procedimiento oscila entre tres y seis meses. Sin embargo, advirtió que dado que no hay antecedentes similares, es complicado determinar la duración exacta del proceso en la ALP.

En relación al retiro de visas, los presidentes de Diputados y Senadores solicitaron la renuncia del fiscal general, Roger Mariaca, antes de su aprehensión, que se produjo horas después de la reunión entre parlamentarios. Uno de ellos, Roberto Moscoso, secretario ejecutivo de Unidad Nacional, pidió que la investigación se lleve a cabo con total transparencia.

1. El Gobierno solicita información a Estados Unidos sobre las denuncias que llevaron al retiro de visas.
2. Cualquier persona puede presentar una demanda para iniciar un juicio de responsabilidades al Fiscal General.
3. El caso es derivado a la Comisión de Justicia Plural que lo remite al Comité del Ministerio Público y Defensa Legal.
4. El comité inicia la fase preparatoria y, si encuentra evidencias, presenta una proposición sumariante.
5. La proposición debe ser aprobada o rechazada en la comisión correspondiente.
6. Si se aprueba, regresa al comité para una investigación con un plazo máximo de 90 días.
7. Si hay indicios de delito, se presenta una proposición acusatoria que debe ser aprobada por la comisión.
8. El pleno de Diputados debate y vota la acusación.
9. Si se aprueba por dos tercios, el Fiscal es suspendido y el caso pasa al Senado.
10. El Senado sigue un proceso similar hasta decidir sobre la destitución del Fiscal.

La discusión en la ALP se verá marcada por la expectativa de una respuesta clara sobre las acusaciones planteadas. Los partidos políticos han expresado la necesidad de tener pruebas concretas antes de tomar decisiones drásticas sobre la situación del fiscal general.

Este proceso también refleja las tensiones entre el Gobierno boliviano y las autoridades estadounidenses, en un momento en que la política interna del país se encuentra en un estado de constante evaluación y ajuste.