Roger Mariaca deja el Ministerio Público sin aclarar casos de corrupción
A pesar de casi dos años en el cargo, el fiscal general Roger Mariaca no pudo avanzar en importantes casos de corrupción en Bolivia, lo que llevó a su destitución por vínculos con el crimen organizado.
Durante la gestión de Roger Mariaca al frente del Ministerio Público, que duró casi dos años, no se lograron esclarecer numerosos casos de corrupción que involucran millones de dólares. Al igual que sus predecesores, Mariaca no cumplió con la Ley 260, que regula la designación de fiscales, lo que generó serias críticas hacia su gestión.
El pasado viernes, Mariaca fue destituido tras ser acusado de tener vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset y otras organizaciones criminales. Algunos de los casos que permanecen sin resolución incluyen Derechos Reales, ‘Maletas’, ‘Narcomaderas’, ‘Gasolina Basura’ y el Fondo Indígena.
Entre los casos más notables, la investigación sobre Derechos Reales en Santa Cruz y Beni se cerró sin resultados concretos, a pesar de que se habían identificado desfalcos millonarios. Este caso fue archivado tras la decisión del fiscal departamental de entonces, Alberto Zeballos.
Por otro lado, el escándalo de ‘Maletas’ tiene su origen en un vuelo privado que llegó a Viru Viru desde Miami en noviembre de 2025, donde se encontraron 31 maletas, lo que desató una serie de investigaciones por tráfico de influencias y conexiones criminales. A pesar de las detenciones iniciales, los responsables de la custodia de las maletas aún no han sido procesados.
El caso ‘Narcomadera’, que surgió por un hallazgo de droga en Chile, sigue sin avances significativos. Mariaca había declarado que las investigaciones estaban activas, pero hasta el momento no se han logrado resultados concretos. En cuanto al escándalo de las maletas con oro, el único arrestado ya ha recuperado su libertad.
Además, el caso de ‘Gasolina Basura’ involucra a figuras como el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien está bajo detención domiciliaria, pero las investigaciones no han avanzado. La situación en torno a otros casos de corrupción sigue siendo incierta, lo que muestra la falta de efectividad del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, la Ley 260, que establece un procedimiento claro para el nombramiento de fiscales, continúa sin ser aplicada, lo que ha llevado a críticas sobre la falta de transparencia y meritocracia en el sistema judicial boliviano.