Soboce busca frenar pago millonario a Fancesa ante la Comunidad Andina

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) tomó la decisión de presentar un reclamo formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) para frenar la ejecución de una sentencia judicial que le exige pagar una suma superior a 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Esta acción se produce en medio de acusaciones de un "quiebre de la seguridad jurídica" y un "trato discriminatorio" hacia un inversor subregional, en el contexto de la Decisión 291.

Soboce, que ha enfrentado lo que califica como una serie de irregularidades judiciales durante más de diez años, recurre a la Comunidad Andina como último recurso. La empresa busca que se suspenda el cobro coactivo hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) evalúe el caso y determine la responsabilidad del Estado en este litigio por competencia desleal.

Ricardo Barrientos, gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, argumentó que el verdadero origen del conflicto no radica en la supuesta competencia desleal, sino en una deuda que el Estado mantiene con la empresa desde hace 16 años. "La demanda no fue una coincidencia, fue concebida como una herramienta de presión para forzarnos a negociar el monto de la expropiación", aseguró Barrientos, haciendo referencia a la expropiación de acciones de Soboce en Fancesa durante el gobierno de Evo Morales.

Barrientos también denunció deficiencias en el debido proceso judicial, mencionando que varios de sus recursos legales no fueron tramitados adecuadamente y que no recibieron notificaciones correspondientes, lo que les impidió defenderse correctamente. Además, afirmó que se han otorgado privilegios a Fancesa que no deberían ser permitidos para una sociedad anónima.

En la defensa legal, Hugo Gómez, asesor internacional de Soboce y ex presidente del TJCAN, destacó las infracciones del sistema judicial boliviano respecto al principio de "trato nacional" y la falta de una interpretación prejudicial obligatoria antes de la condena. Gómez sostiene que el Derecho Andino es esencial para garantizar condiciones de competencia equitativas entre empresas y que la decisión judicial en cuestión favorece injustamente a Fancesa, al otorgarle derechos exclusivos del Estado.

La representación de Soboce ha manifestado su compromiso de continuar con las acciones legales necesarias tanto en instancias nacionales como internacionales para proteger sus derechos. Barrientos enfatizó que un Estado que favorece judicialmente a empresas de capital nacional perjudica su imagen como destino de inversiones para la comunidad internacional.