Detienen al dirigente campesino Nelson Virreyra y el evismo denuncia una "persecución" política
Nelson Virreyra, un destacado líder del movimiento evista en Cochabamba, fue aprehendido en el contexto de una investigación sobre los bloqueos que ocurrieron entre mayo y junio de este año.
Nelson Virreyra, un importante dirigente campesino vinculado al ala evista en Cochabamba, fue detenido el martes en la avenida Blanco Galindo y llevado a las instalaciones de la FELCC. Su aprehensión se da en el marco de las investigaciones sobre los bloqueos que duraron más de 50 días entre mayo y junio.
Virreyra es objeto de una orden de aprehensión emitida el 5 de octubre y enfrenta cargos por posibles delitos relacionados con sus actividades durante las movilizaciones, incluidos atentados contra la seguridad del transporte y la instigación a delinquir. Su abogado ha indicado que primero se realizará su declaración, y luego se decidirá si será imputado y llevado a una audiencia cautelar.
El dirigente, que tuvo un rol protagónico en las protestas, calificó su detención como una "persecución política" y argumentó que las movilizaciones se llevaron a cabo debido a la escasez de alimentos y combustibles. Desde el entorno evista, se ha criticado la medida y se ha denunciado una aparente intención de intimidar a otros líderes sociales.
Esta aprehensión se produce justo después de que Virreyra anunciara nuevas movilizaciones programadas para el 13 de octubre, en conjunto con sectores afines a Evo Morales, en protesta por las políticas económicas del Gobierno y la eliminación de la subvención al diésel. El dirigente había señalado que octubre marcaría el "inicio del fin" del gobierno de Rodrigo Paz.
La investigación por los bloqueos también abarca a otros dirigentes y exautoridades, cuyos casos se están tratando de manera independiente. La detención de Virreyra no implica una condena y no establece por sí misma una política del gobierno para desmantelar las dirigencias; esa interpretación es sostenida por aquellos que claman persecución política. La Fiscalía y el sistema judicial tendrán la tarea de determinar las responsabilidades correspondientes.