El Gobierno avanza en la investigación del caso Mariaca
Las autoridades afirman que las detenciones recientes son solo el comienzo de una búsqueda más amplia que podría involucrar a más personas y estructuras en el escándalo del exfiscal general.
El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, aseguró que las cuatro personas arrestadas en el escándalo que envuelve al exfiscal general Roger Mariaca son solo el principio de una investigación destinada a descubrir a otros implicados y redes que habrían proporcionado apoyo y protección.
Los detenidos incluyen a Mariaca, Martín Irusta, Alberto Zeballos y el mayor de Policía Rubén Aparicio. Sin embargo, Maldonado enfatizó que las pesquisas deben proseguir para desentrañar toda la red.
Esto es solamente la punta del iceberg.
El viceministro declaró que cada uno de los detenidos cuenta con una estructura financiera y legal que les permite manejar dinero y recibir protección. Aseguró que hay personas dedicadas al lavado de dinero y la custodia de activos.
Maldonado también mencionó la existencia de una supuesta red política en la que estarían involucrados parlamentarios que, según él, recibirían pagos mensuales de Mariaca y lo habrían defendido en los últimos tiempos.
El viceministro indicó que la investigación debe enfocarse en seguir la ruta del dinero para desenmascarar la estructura que ha logrado construir el exfiscal Mariaca, involucrando posibles redes económicas y financieras.
La indagatoria ha descubierto nuevos elementos, incluyendo armas, municiones y chalecos, los cuales fueron encontrados en vehículos oficiales utilizados por la Fiscalía. Uno de estos vehículos pertenecía a Mariaca.
Además, el exedecán de Mariaca, capitán Gonzalo Molina, fue arrestado por supuesta legitimación de ganancias ilícitas y se le confiscaron 1.007.200 bolivianos que se encuentran bajo investigación.
Las acciones de la Fiscalía incluyen el desprecintado del despacho de Mariaca en Sucre, donde se recolectaron pruebas y se realizó un microaspirado de la zona, todo bajo la supervisión de peritos y autoridades para asegurar la transparencia del proceso.
Las investigaciones están dirigidas a esclarecer delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, mientras el Gobierno sostiene que las detenciones iniciales son solo el primer paso hacia una red más amplia que aún debe ser explorada.