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Política

Se revisará la ley antibloqueos tras recibir críticas

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados decidió volver a analizar el controversial proyecto de ley antibloqueos, después de las objeciones surgidas en su primera aprobación.

Valeria Padilla · 8 Oct 2026 · 2 min de lectura

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados ha acordado reconsiderar el polémico proyecto de ley antibloqueos, que había sido aprobado recientemente. Esta decisión implica que la norma no será presentada al pleno y su discusión será reorientada. El diputado Carlos Alarcón (Unidad) anunció que el presidente de la comisión confirmó esta resolución y que el próximo miércoles se llevará a cabo una sesión para evaluar el futuro del proyecto, a la cual se invitará a los autores de otras propuestas relacionadas.

El martes anterior, la misma comisión había dado luz verde al proyecto de Ley 070/2025-2026, que busca asegurar la libre transitabilidad y la protección del pueblo boliviano. Este establece sanciones para quienes realicen bloqueos en las rutas, así como responsabilidades para las autoridades que no enfrenten conflictos dentro de sus atribuciones.

El presidente de la comisión, Manolo Rojas, explicó que se introdujo un tipo penal específico por obstrucción grave a las vías públicas, que podría acarrear penas de tres a diez años de prisión para los responsables de los bloqueos. A su vez, las autoridades que no respondan a conflictos que se les notifiquen tendrían una agravante en el delito de incumplimiento de deberes, con una pena máxima de seis años y dos meses.

Alarcón, quien había manifestado su desacuerdo con la versión inicial de esta ley, celebró la decisión de reconsiderarla. Criticó el enfoque que buscaba sancionar a las autoridades pero dejaba en impunidad a los bloqueadores, afirmando que "se estaba invirtiendo el sentido obvio de una ley antibloqueos".

Desde el sector evista, el dirigente Vicente Choque también opinó sobre la normativa discutida. Indicó que la aprobación de la ley antibloqueos podría verse como un mensaje para evitar movilizaciones, sugiriendo que, si se implementa, podría permitir iniciar procesos penales contra gobernadores y alcaldes que no respondan a los bloqueos en sus jurisdicciones.