Cristina Fernández lleva su reclamo al Comité de DDHH de la ONU
Cristina Fernández, quien fuera presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y este miércoles anunció que ha presentado una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La exmandataria enfrenta una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
Desde su hogar en Buenos Aires, donde está recluida desde el 17 de junio de 2025, Fernández expresó en una carta abierta a través de sus redes sociales que decidió acudir al organismo internacional debido a supuestas violaciones a sus derechos durante el proceso judicial. Su reclamo se basa en la creencia de que las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no fueron respetadas.
En su mensaje, Fernández señala que su condena es una forma de "proscripción" y critica lo que considera un "machismo estructural" dentro del sistema judicial argentino, que según ella, afecta su situación como mujer. También advirtió sobre cómo las decisiones judiciales están reduciendo el espacio para la soberanía popular en el país, afirmando que aunque las instituciones siguen funcionando, la democracia se ve erosionada.
Aparte de su carta, la ex presidenta publicó un artículo en varios periódicos internacionales, incluyendo El País de España y Libération de Francia, donde reafirma su inocencia y denuncia una persecución judicial en su contra. En este escrito, también detalló la presentación de su reclamo en la ONU.
Para este miércoles, se ha programado una conferencia de prensa de sus abogados, quienes ofrecerán más información sobre la estrategia legal frente a esta acción ante las Naciones Unidas.
La causa conocida como 'Vialidad' investiga la adjudicación irregular de 51 obras en Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La condena fue confirmada por el Tribunal Oral Federal 2 el 6 de diciembre de 2022 y posteriormente ratificada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025.